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El fiscal anticorrupción español dejó sentado en un escrito ante el juzgado que investiga el llamado caso Urdangarin que no hay indicios de delito en la actuación de la infanta Cristina en relación con los negocios de su marido, por lo que no corresponde su imputación en la causa.
El fiscal Pedro Horrach ya recurrió ante la Audiencia de Palma la primera imputación a la Infanta, que decidió el juez José Castro en el semestre anterior, y libró de manera provisional a la hija del rey de estar encausada y tener que declarar por las actividades millonarias por las que está bajo sospecha su marido, Iñaki Urdangarin. De esta manera, el fiscal anticorrupción se adelantó al instructor con una opinión documentada, en la que defiende su actuación indagatoria e impulsora, de manera activa, de la causa.
"La memoria es frágil", dijo el acusador público. "Y considero que es un momento propicio para hacer memoria", remarcó. Recordó en su informe que a lo largo de la instrucción del caso Nóos o caso Urdangarin pidió de oficio, vía judicial, "un número ingente de informes a la Intervención General del Estado, la Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Económica" para investigar la posible implicancia de la infanta Cristina en los hechos supuestamente delictivos que se atribuyen a su marido.
La infanta ya fue citada a declarar como imputada el 27 de abril por el juez José Castro, citación que fue paralizada ante el recurso del fiscal y suspendida después por un juzgado de Palma de Mallorca. Horrach expresó en público que no actúa para tapar o defender a alguien, sino que obra según la ley y su conciencia, ajeno a campañas mediáticas.
Así advirtió que "si en el curso de las investigaciones, este fiscal, como integrante de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, hubiera detectado indicios criminales contra doña Cristina de Borbón y Grecia, hubiese instado los mecanismos judiciales legalmente procedentes".
El duque de Palma (esposo de la infanta) fue imputado en 2011 por la presunta apropiación indebida de más de seis millones de euros a través del Instituto Nóos, una fundación aparentemente sin fines de lucro y vinculada al deporte que obtuvo suntuosos contratos con administraciones gobernadas por el conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
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