A través de un comunicado, el organismo que preside Horacio Verbitsky rechazó "las acciones extorsivas de funcionarios policiales en diferentes provincias" e indicó que es "indispensable la consolidación de acuerdos políticos transversales que aseguren el rechazo sin matices de estas acciones inaceptables para la democracia y la búsqueda de soluciones que profundicen el gobierno civil y político de las fuerzas de seguridad, tal como lo sostuvo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez".

Señaló también que "la desprotección de los ciudadanos, lejos de un método legítimo de reclamo, resulta una forma inadmisible de amenaza pública" y consideró que, por eso, deben "desistir de este accionar que conduce a la intensificación de la violencia y alimenta incidentes de altísimo riesgo social e institucional".

"Es preciso que se establezcan mecanismos de resolución política e institucional de los conflictos que afiancen el rol del policía como trabajador y servidor público", dijo el organismo y agregó que "sin embargo, estas medidas no pueden surgir de acuerdos ni pactos que erosionen la autoridad soberana".

"A 30 años del regreso a la democracia, estos episodios evidencian que el diseño y las prácticas de las instituciones responsables de la seguridad de nuestro país no se encuentran aún adecuadas al Estado de Derecho", subrayó.

El "poder de daño" de este conflicto "se verifica tanto en contextos de enorme magnitud como los que estamos atravesando, como en las prácticas abusivas, violentas y corruptas que cotidianamente sufren los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", argumentó y sostuvo que "es necesario avanzar con las reformas pendientes de las instituciones de seguridad para erradicar estas prácticas ilegítimas y afianzar su función de trabajadores públicos respetuosos de los derechos de las personas y del orden institucional".