La nueva norma "es una herramienta orientada a la desestructuración del mercado ilegal que tanto daño causa", sostuvo Julio Calzada, titular de la JND, una institución que funciona en la órbita de la Presidencia del país y que gestiona los temas relacionados con las drogas.

Cinco equipos interministeriales están trabajando para ajustar detalles de la implementación de la ley, que todavía debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo y reglamentada. El funcionario explicó que habrá que organizar licencias para producir, acopiar, distribuir y expender para autocultivadores, para los clubes de cannabis y para el uso medicinal de la marihuana.

Aunque la ley aún no está vigente, a partir de hoy ya no se penalizará a quienes tengan plantas en sus casas para el consumo personal, siempre que no superen las seis unidades y los 480 gramos y demuestren que no los van a comercializar. En el primer trimestre del año entrante se procederá a las primeras licitaciones para conceder licencias, y hoy se informó en Montevideo que una empresa estadounidense expresó su intención de radicarse en Uruguay.

La oposición al gobernante Frente Amplio anticipó que presentará recursos de inconstitucionalidad de la ley y el precandidato presidencial del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga prometió que si gana las elecciones del año próximo derogará la norma.