Los magistrados del Tribunal Oral Federal Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga fallaron en contra de Menéndez calificaron su accionar como delitos de lesa humanidad y ordenaron la detención del imputado en las condiciones que actualmente se encuentra.

También se hizo lugar parcialmente a la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por María Elena Toledo de Ygel y condenó al gobierno nacional al pago de 18.698.130 pesos. La suma incluye el valor del inmueble que le fue quitado, daño emergente, lucro cesante y daño moral, y se agregarán los intereses conforme a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho hasta el efectivo pago.

En cambio, la resolución no hizo lugar a la acción civil iniciada por la actora contra el estado provincial. La resolución se conoció esta tarde y la causa fue iniciada por la familia Toledo Ygel, que fue amenazada de muerte en 1977 para donar tierras en la localidad de Yacuchina. Sobre esos terrenos se levantó Capitán Cáceres (Monteros), uno de los cuatro pueblos fundados en el sur tucumano durante el terrorismo de Estado.

Durante el juicio, María Elena Toledo viuda de Ygel, actor civil y querellante en la causa, recordó que el 18 de noviembre de 1977 irrumpieron varias personas del Ejército y se llevaron a su marido. Los uniformados pensaban que él era dueño de las tierras de Yacuchina, en Monteros, distante 70 kilómetros al sur de la capital provincial. "El les manifestó que esa propiedad era de mi madre y lo soltaron por la madrugada, luego de golpearlo", señaló la mujer durante su declaración.

Recordó que la madre tenía la firme intención de dejarle las tierras como herencia y no quería cederlas a los militares, pero su esposo le dijo que los iban a matar si no lo hacía. Una semana después la mujer, dueña de las tierras, fue trasladada a Casa de Gobierno y la sentaron en una oficina donde se encontraba sobre el escritorio unos papeles y una pistola.

"Ella me contó que lloraba mucho y que llegó (el entonces gobernador Antonio Domingo) Bussi, quien le dijo que tenía que firmar esos papeles porque el pueblo (Capitán Cáceres) ya estaba terminado", explicó. Y agregó: "Le advirtió que si se negaba iban a matar a todos los integrantes de la familia y por eso ella firmó finalmente".

Esta mañana, antes de darse a conocer el fallo, Menéndez hizo uso de la palabra y sostuvo que "jamás me metí con el gobierno y menos con la justicia que se aplicaba en cada provincia", delegando responsabilidades a Bussi.

Además, el represor recordó: "Me desenvolví cuatro años como comandante de Brigada y cinco como comandante de Cuerpo y me resulta extraño que se me se involucre en la compra de estos terrenos". "Eso se habrá hecho por el camino del canal del gobierno, sin ninguna intervención mía", sostuvo.

Y completó: "Nunca me metí ni por curiosidad a investigar el canal del Gobierno (...) Siempre recibí órdenes del canal del militar que encabezaba el comandante (Jorge Rafael) Videla y era el Gobierno el que hacía las obras que se juzgaba pertinentes".