El funcionario afirmó que si bien la Secretaría todavía no ha sido notificada del fallo, el tema "se viene trabajando hace tiempo", aunque "en esta instancia no se puede dar mayor precisión sobre su implementación".

El viernes pasado, un juzgado federal de San Nicolás hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y dispuso que las empresas de telefonía móvil ajusten su facturación por segundos, en lugar de la unidad de minutos utilizada. De acuerdo con la medida cautelar, el nuevo criterio de facturación debería comenzar a regir a partir de hoy, pero las empresas hasta el momento no se expidieron si se adecuarán a su implementación o si apelarán la decisón.

En el marco de las acciones que la Secretaría viene desarrollando, en particular sobre la calidad de servicio de la telefonía móvil, Berner explicó que "se está avanzando con las empresas en dos aspectos que tienen que ver con la forma de facturación y con garantizar el derecho de las comunicaciones y precios más accesibles para los sectores más vulnerables".

El funcionario recordó que en 2012 -a través de la resolución 45 de la Secretaría de Comunicaciones- se dispuso la facturación de la llamada a partir de que el receptor respondiera a la misma, lo que requirió un plazo de 90 días para su adaptación técnica. Al tratarse de una medida de mayor complejidad, la facturación por segundo debería seguir una estructura similar de trabajo y no sólo fijar plazos sino también atender las distintas modalidades de aplicación posibles.

Al cambiar la forma de facturación también hay que revisar la vinculación entre las empresas prestadoras del servicio (en la actualidad Movistar, Claro, Personal concentran el 90 por ciento del mercado), las cooperativas de comunicaciones, las empresas de servicios de telefonía fija y el roaming internacional.

Al mismo tiempo, Berner confirmó que su Secretaría está realizando "un análisis de costos con la Secretaría de Comercio Interior para que la mejora de la calidad de servicios no afecte los costos, es decir que no se calculen para explicar las subas". Precisamente, sobre el aumento de tarifas que las principales compañías aplicaron en los últimos 60 días, Berner explicó que "no hay autorización expresa por parte del Estado, ni tampoco se la requiere para avanzar con esos aumentos".

El funcionario aclaró que en la actualidad "los precios son libres", aunque advirtió que las empresas "sí tienen que informar los incrementos al momento de aplicarlos, y el Estado tiene la facultad de revisar que sean razonables y no discrminatorios".