El trabajo, de más de 400 páginas, que incluye el relato de una mujer obligada a ahogar a su propio bebé, niños encarcelados y obligados a pasar hambre desde el nacimiento, además de familias torturadas por ver un programa de televisión extranjero, concluye que hay entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos en cuatro grandes campos de detención, donde "son privados de alimentos y sometidos a trabajos forzosos".

La comisión también expresó que no hay libertad de pensamiento ya que el Estado tiene "un monopolio absoluto sobre la información", además de criticar la discriminación del sistema conocido como "songbun", por el que las personas leales al líder pueden vivir en lugares más favorables y tener mejores trabajos. "Estos no son meros excesos del Estado, sino que son componentes esenciales de un sistema político que se movió lejos de los ideales en los que afirma fue fundado", añade el informe, basado en los testimonios de más de 240 personas recogidos a lo largo de un año, la mayoría de ellas fugitivos de diferentes centros de detención. "La gravedad, el alcance y la naturaleza de estas violaciones revelan un Estado del que no hay paralelos en el mundo contemporáneo", agregó el documento.

El jefe de la comisión investigadora, Michael Kirby, le envió una carta a Kim en la que le recuerda que como jefe de gobierno y líder del Ejército debe asumir la responsabilidad de los crímenes denunciados. "Se recomienda a la ONU que refiera la situación en la República Popular Democrática de Corea ante la Corte Penal Internacional para que rindan cuentas todos aquellos que puedan ser responsables de crímenes de lesa humanidad, incluyendo a usted mismo", indicó la misiva firmada por Kirby, un exjuez australiano.

El gobierno de Corea del Norte, por su parte, que no es signatario del tratado que creó el tribunal de La Haya, negó "categóricamente" las conclusiones del informe, y denunció que el trabajo "es producto de una politización de los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea y Japón, en alianza con la política hostil de Estados Unidos". El Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo, puede extender la jurisdicción del CIP en casos que considere necesarios y excepcionales. Pero para eso necesita el apoyo de China, que tiene poder de veto y estrechos vínculos políticos con Pyongyang, hasta tal punto que Beijing es mencionada en el informe por enviar de vuelta a aquellos norcoreanos que llegan a la frontera escapando de su país.

Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, adelantó que "las diferencias con respecto a temas de derechos humanos deben ser superadas a través del diálogo y sobre la base del respeto mutuo". "Una implicación de la Corte Penal Internacional no ayudará a cambiar la situación de los derechos humanos en un país", alertó, citada por la agencia de noticias DPA.

En Washington, en tanto, Marie Harf, portavoz adjunta del Departamento de Estado, instó a Corea del Norte a "dar pasos concretos" para mejorar su situación de derechos humanos. Harf dijo que el informe de la Comisión de Investigación de la ONU confirma el consenso internacional "de que la situación de los derechos humanos en Corea del Norte está entre las peores del mundo".

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) pidió al Consejo de Seguridad aumentar la presión sobre Pyongyang para abordar "la realidad espantosa de la vida en Corea del Norte". "La gravedad y naturaleza de violaciones de derechos humanos están fuera de la escala", dijo Roseann Rife, directora de investigación de Asia.