La resolución firmada por Vienna, quien investiga a la organización delictiva a partir de un crimen ocurrido el 8 de septiembre de 2012, y que le permitió avanzar en la desarticulación de la banda, se solicita la detención de los principales referentes de la familia Cantero y otras personas que se presumen como testaferros, sicarios y colaboradores en las actividades de la organización. Mientras que los efectivos de las fuerzas de seguridad sobre los que recae el pedido, 12 pertenecen a la policía santafesina, uno a Prefectura Naval y otro a la Policía Federal.

El magistrado señaló que "se analiza la existencia y estructura de la asociación en términos generales, su materialidad ilícita". Además, sostuvo que los cabecillas del grupo y sus colaboradores son acusados por "la comisión de delitos indeterminados de tenencia y portación de armas de fuego, homicidios calificados, lesiones, extorsiones y amenazas coactivas". Esto incluye los delitos de "daños, cohechos y encubrimientos, así como tráfico de estupefacientes".

El único policía beneficiado por el auto de falta de mérito fue el comisario inspector Gustavo Daniel "Gula Gula" Pereyra, integrante de una brigada operativa dependiente del Gobierno provincial y señalado como el responsable de facilitar información a la banda surgida en el barrio rosarino de Las Flores.

"Los Monos" quedaron bajo la mira de la Justicia desde el 8 de septiembre de 2012, cuando fue ejecutado a balazos Martín "Fantasma" Paz, un cuñado de la familia Cantero que figura como quien permitía blanquear parte del dinero obtenido en sus actividades ilícitas.

La causa escaló a partir del último 26 de mayo con el asesinato de Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, por entonces el líder de la banda y otras cuatro muertes que son investigadas por diferentes jueces.

Desde entonces, Ariel Máximo "Guille" Cantero tomó el lugar de su hermano al frente de la organización, pero la investigación comandada por el juez Vienna también abarca a Patricia Celestina Contreras, madre de los cabecillas del grupo, y otros miembros de la familia.

Entre los integrantes de esta banda también fue procesado Francisco Lapiana, dueño de un porcentaje del pase de Ángel Correa, el futbolista de San Lorenzo de Almagro. Dentro de la causa, Lapiana fue ubicado inicialmente "como lavador de dinero producido por la asociación ilícita investigada, en la compra y venta de jugadores de fútbol".