14:22 › COMENZó EL JUICIO POR LA MASACRE DE LA CáRCOVA
El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Martín comenzó a juzgar a los dos policías acusados de "doble homicidio agravado" contra Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, quienes fueron baleados en 2011 mientras intentaban llevarse mercadería de un tren descarrilado en José León Suárez. Un joven que sufrió heridas en la represión relató que uniformados en moto disparaban con una escopeta "balas de verdad porque pegaban en la pared y saltaba pólvora".
Joaquín Romero, de 22 años, fue el primer testigo en declarar en el juicio oral por las lesiones que él sufrió y los homicidios de sus dos amigos, Franco Almirón y Mauricio Ramos. Relató al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Martín que tras descarrilar el tren observó la situación, tomó su bicicleta y se dirigió al CEAMSE, donde recogía cartones.
Dijo que de repente vio que policías en moto disparaban con una escopeta "balas de verdad porque pegaban en la pared y saltaba pólvora". "Había un canoso que tiraba y se reía. Me llamaba la atención", aseguró Romero, quien ante esa situación escapó junto a otro chico.
El muchacho recordó que se fueron "por un puente", donde ya no había policías, pero un efectivo salió de entre los pastos y le disparó "más de una vez". "Me silbaban las balas por la cabeza. Nunca me voy a poder olvidar de eso, sueño con eso", aseguró. Describió al policía que le disparó como "un grandote con cara de malo que salió entre los pastos como si estuviera de cacería" y afirmó que le tiró desde una distancia de unos 30 metros cuando se dio vuelta para escapar.
Por su parte, María Fernanda Romero, madre de Joaquín, recordó que luego de que empezaron los balazos halló a Almirón muerto en el piso y por lo que le dijeron ya se habían llevado a "El pela" Ramos y a su hijo a una salita porque estaban heridos.
El hecho que se investiga ocurrió el 3 de febrero de 2011 frente al barrio La Cárcova, en José León Suárez, en el noroeste del Gran Buenos Aires, durante la represión que siguió al descarrilamiento y saqueo de un tren de carga de la exlínea Mitre, al que varios vecinos se acercaron porque llevaba alimentos. Según los resultados de las autopsias, las dos víctimas que murieron presentaban impactos de postas de guerra (plomo) disparadas con escopetas calibre 12/70 de la Policía y se cree que los disparos fueron hechos a corta distancia.
Los fiscales Ana Armetta y Raúl Sorraco acusaron de los homicidios a los expolicías Gustavo Rey (38) y Gustavo Vega (44). En los lineamientos generales, los representantes del Ministerio Público dijeron que las víctimas murieron tras recibir disparos de escopeta efectuados por el sargento Rey, que llega a juicio acusado de "doble homicidio agravado".
"Rey, abusando de sus funciones, efectuó disparos utilizando cartuchos de guerra que provocaron la muerte de Ramos y Almirón", remarcó Armetta. Sobre Vega, señaló que hizo la misma acción y le provocó lesiones graves a Joaquín, por lo que le endilgó "homicidio agravado en grado de tentativa".
Ante los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro, también expuso el abogado Juan Carlos García Dietze, quien representa a las familias de Ramos y Romero, y coincidió con la fiscalía. El letrado dijo que, "tras el descarrilamiento del tren por el mal estado de las vías, llegó la policía y hubo una situación represiva".
La defensa, por su parte, dijo que el descarrilamiento fue intencional, que la gente fue a saquear y efectuó disparos contra los policías. El defensor oficial Fernando Lagares, representante de Vega, adelantó que pedirá su absolución, y Héctor Lufrano, abogado particular de Rey, expresó que no está probada la autoría de su cliente.
Antes y durante el juicio, familiares de las víctimas realizaron un festival en la puerta de los tribunales con remeras con la leyenda "juicio y castigo a los asesinos de los pibes". En tanto, en la sala de audiencias estuvieron el vicegobernador Gabriel Mariotto; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el diputado nacional Leonardo Grosso; la miembro de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida; y autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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