El texto contrario a la consulta fue presentado por el partido de centro derecha UPyD (Unión, Progreso y Democracia), de la exsocialista Rosa Díez, y recibió el apoyo del conservador y gobernante Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE). Los socialistas decidieron sumarse tras incluir en la resolución un pedido al gobierno de Mariano Rajoy para que siga "utilizando todos los instrumentos que prevé la Constitución y el ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad".

Díez celebró que la oposición al plan soberanista del presidente catalán, Artur Mas, fue de una "mayoría abrumadora de más del 85% de la Cámara". Durante el debate, la dirigente de UPyD sostuvo que la consulta catalana es "ilegal" y "antidemocrática" y que por ese motivo era necesario una respuesta "política y legítima" de parte del Congreso.

Por su parte, el diputado del PP Antonio Gallego garantizó que el gobierno "no va a permitir que se celebre un referéndum ilegal" e insistió en que Cataluña "es y seguirá siendo España". En tanto, el máximo dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló tras la votación que los socialistas continuarán oponiéndose a la celebración de la consulta, pero remarcó que "votar cada quince días no arregla el problema con Cataluña".

Finalmente, los promotores de la consulta, los nacionalistas e independentistas catalanes insistieron en que "no se ha quebrado la legalidad" y que Cataluña "tiene el derecho a decidir sobre su soberanía". La diputada catalana de Convergencia i Uniò (CiU), Montserrat Surroca, pidió que no se reduzca el debate sobre Cataluña a una cuestión jurídica y que se busquen soluciones desde el diálogo.

El pasado 16 de enero, el Parlamento regional de Cataluña aprobó solicitar "competencias" al Congreso de los Diputados para celebrar un referendo en noviembre, pero la iniciativa, que aún no fue sometida a votación, está destinada al fracaso por la mayoría absoluta de conservadores y socialistas en Madrid. Rajoy se opone a que Cataluña convoque un referendo porque la Constitución le otorga esa potestad sólo al presidente del gobierno, y argumenta que la "soberanía" recae en el conjunto del pueblo español y que, por lo tanto, una sola parte no puedes decidir sobre la estructura territorial de todo el Estado.

La amenaza de Cataluña es uno de los principales problemas que afronta Rajoy, quien con sus políticas de ajuste y las concesiones al ala ultraderechista de su partido no hace más que alimentar el sentimiento separatista de la norteña y poderosa región.