El expediente había sido presentado por el abogado Ricardo Monner Sans y el colectivo que agrupa a los letrados porteños, que planteaban la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora.

La Corte Suprema consideró que Monner Sans no tenía "legitimación" para hacer ningún planteo y que el realizado por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad era "improcedente", por lo que ratificó sendos fallos de primera y segunda instancia que habían resuelto la cuestión en el mismo sentido.

Los ministros entendieron que en la ley se respetó la proporcionalidad de representantes (jueces, abogados, catedráticos y políticos) con que fue creado el cuerpo y que ello "no dispone que esta composición deba ser igualitaria sino que se exige que mantenga un equilibrio".

En ese sentido, apuntaron que debe darse al término "equilibrio" el significado que "usualmente se le atribuye de contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas" y que, en la causa, no existe prueba alguna "de que la composición del órgano establecida por la ley legitime una acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro".