Esta tarde, la jueza porteña María Gabriela López Iñiguez ordenó al gobierno porteño la conformación de una "mesa técnica interinstitucional", que proponga un plan para el desalojo de los terrenos ocupados en Villa Lugano. La resolución indica que el Ministerio Público Fiscal, la policía Metropolitana y el resto de los organismos porteños afectados al desalojo de esos terrenos deberán "diseñar la ejecutoria de la orden".

Antes de la orden judicial, la magistrada había pedido que no haga efectiva la orden de desalojo en perjuicio de los ocupantes del predio y porque existían otras alternativas para que la situación no termine en un grave conflicto con las fuerzas de seguridad.

La situación durante las primeras horas de la mañana en el Barrio Papa Francisco era de tranquilio, a pesar de la orden pendiente. Hasta ese momento, no había presencia policial reforzada, y sólo se podía observar un móvil que la policía Metropolitana mantiene habitualmente en el perímetro del predio, en la avenida Fernández de la Cruz y Pola.

En una recorrida realizada por Télam, Ana, de 20 años, que permanece en la toma con su esposo y su hijo de cinco meses, contó: "Nosotros alquilábamos acá enfrente, en la villa 20, una habitación con baño compartido por 750 pesos al mes, suma que cuando no tenemos trabajo es mucha plata".

Y continuó: "Es muy complicado poder cuidar a Luca (su hijo) acá, porque es chiquito y no tenemos todo lo que le hace falta, pero ya no podíamos seguir pagando ni tampoco tenemos a dónde ir".

Por su parte Albertina, de 42 años con 3 hijos, la mayor discapacitada con una encefalopatía congénita y retraso madurativo, dijo a Télam que "todos los días tenía que cargármela al hombro para subir tres pisos de escalera caracol, hasta la piecita que nos alquilaban por 900 pesos al mes".