La causa contra Romero Victorica se inició en 2011, a raíz de declaraciones de testigos ante el Tribunal Oral Federal 6 en juicios por sustracción de menores durante la última dictadura militar. Montenegro había dicho que el exfiscal era amigo de su apropiador, el fallecido coronel Herman Tetzlaff, quien la anotó como hija propia y de su cónyuge María Eduartes, tras el asesinato de sus padres biológicos, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, el 13 de febrero de 1976.

La víctima afirmó en aquella oportunidad que Romero Victorica mantenía informado a Tetzlaff sobre los pormenores de la causa penal en su contra, que tramitaba el exjuez federal Roberto Marquevich. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Oyarbide, quien en los últimos meses consideró que el hecho debía ser investigado en los tribunales federales de San Isidro.

"Cabe destacar que la adopción de decisiones caprichosas" de Norberto Oyarbide "ha sido evidenciada con anterioridad por este tribunal", dijeron los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler en una resolución que, además, rechazó una declaración de incompetencia del juez que, "luego de tres años de profusa investigación" y "valorando elementos probatorios que existían desde el inicio de la causa", pretendía remitir el expediente a la Justicia de San Isidro.