19:55 › CON EL RESPALDO DE OBAMA
Los representantes del Ejecutivo nacional expondrán ante el máximo tribunal estadounidense sus argumentos para exigir que los magistrados revisen los fallos de instancias inferiores que condenaron al país a abonar 1.300 millones de dólares en un pago y en efectivo a los fondos buitre. Mañana, se expondrá sobre el caso "Discovery", en el que el juez Thomas Griesa ordenó a los bancos informar sobre los activos que Argentina tiene en el exterior, para que los acreedores puedan embargar y cobrar así sus deudas.
La audiencia está convocada por el máximo tribunal para las 10 hora local (11 en Argentina) y se hará presente por el gobierno argentino, el secretario de Finanzas, Pablo López, aunque oficialmente no se dio información. Además, participará el procurador general adjunto estadounidense, Edwin Kneedler, quien hará una presentación para apoyar la posición argentina (amicus curiae).
El litigio con los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y mantienen disputas en los tribunales estadounidenses consta de varias demandas que corren en forma independiente, y a medida que se cumplen los plazos legales terminan en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Esta será la primera ocasión para la defensa Argentina de estar delante de los ocho magistrados de la Corte estadounidense y procurará exponer todos los argumentos de defensa disponibles para que el tribunal entienda la complejidad del caso y acepte revisar esta causa, pero también la "cuestión de fondo".
La presentación marcará el debut en la defensa argentina del exprocurador de George Bush, Paul Clement, quien aceptó integrar el cuerpo de abogados que patrocinan al país tras la serie de fallos adversos.
Durante la visita que realizó a Washington para participar de la reunión del FMI Kicillof, se reunió con el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton para trazar la estrategia que se cerrará en los próximas horas. La posición argentina es ampararse en el principio de "inmunidad soberana" que rige en la comunidad financiera internacional y por el que el país está habilitado a realizar reestructuraciones de deuda bajo las condiciones que imponga.
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