Al designar el lunes a María Mercedes Maldonado como alcaldesa en reemplazo del destituído jefe comunal, el jefe de Estado había adelantado que si una autoridad judicial le ordenaba restituir a Petro obedecería, porque como presidente tiene "la obligación" de cumplir lo que establece la Constitución.

"No tengo alternativa, simplemente es el cumplimiento de la ley. A unos les puede gustar, a otros no", dijo Santos. "Quiero ratificar que mi gobierno es democrático. La democracia está basada en la independencia de los poderes públicos (...) Por eso procedo en esta dirección, a sabiendas de que es una decisión controvertida", añadió.

Petro tomó de inmediato las riendas del gobierno de la ciudad más poblada del país, con cerca de ocho millones de habitantes, y dijo que el Estado tenía la obligación de acatar la solicitud de la CIDH. "Cinco sentencias de la Corte Constitucional ya habían dicho que las medidas cautelares del sistema interamericano, en su conjunto, son obligatorias y son vinculantes. Creo que al presidente le dijeron algo que no correspondía a la realidad y tomó una decisión equivocada que ahora se corrige", afirmó.

La Procuraduría General, que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, abrió un proceso contra Petro a raíz de cambios en el esquema de recogida de la basura en el Distrito Capital a finales de 2012. Petro decidió ahorrar costos y no renovó los contratos con empresas privadas dedicadas a esa tarea, por lo que la empresa pública de acueducto se encargó entonces de recoger la basura. El cambio ocasionó la acumulación de desperdicios por tres días mientras el nuevo operador asumía sus funciones.

Según el procurador general, Alejandro Ordóñez, Petro cometió errores "gravísimos", por lo que ordenó su destitución en diciembre pasado y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. El burgomaestre logró mantenerse en el cargo por varias semanas mediante amparos judiciales, a los que se sumaron las medidas cautelares pedidas por la CIDH, que en su momento pidieron a Santos no proceder a la destitución.

Sin embargo, el presidente consideró que la solicitud del organismo interamericano no era vinculante y destituyó a Petro el 19 de marzo, tras lo cual designó al ministro Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde temporal. El lunes pasado Santos había designado a María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat de la administración de Petro, como alcaldesa encargada, que integraba una terna enviada al presidente por el partido Alianza Verde, al que pertenece el alcalde que ahora vuelve a sus funciones.

Con el retorno de Petro al cargo, se reactiva un proceso de revocatoria de su mandato para que los habitantes de Bogotá se pronuncien en las urnas, probablemente en junio o julio, sobre si quieren que el alcalde termine su periodo o salga del gobierno distrital. Dicho proceso es impulsado por sectores de la oposición en el ámbito municipal y ha corrido paralelamente a la investigación disciplinaria de la Procuraduría.

Petro, que perteneció al grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), que se desmovilizó en 1990, fue elegido para gobernar la capital entre el 1 de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016.