El exmagistrado, cuya prisión preventiva había sido solicitada por la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio, está acusado por sus omisiones en la investigación de un allanamiento ilegal realizado por militares y policías el 20 de mayo de 1976, motivo por el que declaró entre el 1 y el 8 de junio y el 27 de julio de 2011.

Al pedir la elevación a juicio, el fiscal Carlos Alfredo Brito consideró probado que las acciones y omisiones de Martínez "produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores".