El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla una reforma al impuesto adicional al gasoil (Ley 26.028) para que la alícuota del 22 por ciento no sea aplicable al biodiésel destinado a la generación eléctrica. También se prevé eximir de la alícuota del 19 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos, retrotrayendo la situación a noviembre de 2011.

La secretaria parlamentaria del bloque, Teresa García, informó que el martes el oficialismo impulsará la firma del dictamen en un plenario de comisiones y que el miércoles 14 se hará una sesión especial para aprobar el proyecto. Por ese motivo, este martes a las 17 se realizará un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía, cuyas presidencias ejercen los oficialistas Roberto Feletti y Mario Metaza, donde el oficialismo tiene mayoría asegurada para emitir el dictamen que se debatirá en la sesión del miércoles.

El Gobierno adoptó esta decisión de eximir el impuesto al biodiésel debido a que la Unión Europea impuso trabas en noviembre del año pasado, que afectó la exportación de este combustible, que tuvo un fuerte desarrollo en la última década con la sanción de leyes que apostaron a la promoción de esta industria. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló al anunciar el envió del proyecto al Congreso, que la vigencia de ese beneficio será temporal "mientras dure la restricción de ingreso del biodiésel argentino en Europa".

Previo a esa medida, el gobierno realizó el reclamo ante la Unión Europea y ahora la Organización Mundial de Comercio (OMC) estableció formalmente un Panel para resolver el reclamo de nuestro país respecto de derechos antidumping impuestos por esa Unión en noviembre de 2013, según informó la Cancillería la semana pasada. En ese comunicado el gobierno consideró que las medidas antidumping contra el biodiésel argentino "son inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)".

Desde 2009, la República Argentina se convirtió en el principal abastecedor de biodiésel a la UE, alcanzando en 2011 los 1847 millones de dólares que dieron cuenta del 13 por ciento de las exportaciones argentinas a la UE. Los problemas comenzaron en 2012, cuando tras aprobarse la expropiación de Repsol, España dejó de comprar biodiésel argentino.