Montealegre indicó que la oficina desde donde se efectuaba la interceptación de correos electrónicos terminó de ser registrada esta mañana por agentes de la Fiscalía y subrayó que las primeras pesquisas a las computadoras decomisadas indican que desde ese lugar, que funcionaba en un sector elegante de Bogotá como fachada de un centro de informática, se espiaban correos electrónicos estrechamente vinculados con las negociaciones de paz.

Según el funcionario, se ha logrado establecer que una de las cuentas de correo pertenece al jefe de prensa en La Habana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en tanto que otra corresponde a una casilla institucional del gobierno colombiano. Otras dos cuentas de correo son de periodistas cubanos que cubren el proceso. "Eventualmente se pudo haber interceptado correos del presidente de la República", alertó el fiscal general y calificó el hecho como algo "supremamente grave".

Montealegre dijo que hasta ahora se ha logrado establecer que se trataba de un centro de espionaje de particulares, aparentemente sin participación de organismos de inteligencia estatales, y que la información que allí se recopilaba "era negociada en el mercado colombiano". "Lo que queremos saber es quiénes eran los destinatarios de esta información y por qué querían afectar el proceso de paz en La Habana", indicó el fiscal.

"Es algo supremamente grave, mucho más delicado que el caso 'Andrómeda' porque son particulares que están tratando de afectar el proceso de paz", afirmó. El caso 'Andrómeda" citado por el fiscal se refiere a un centro de interceptaciones descubierto en febrero pasado en un sector de clase media en el oriente de Bogotá.

La revista "Semana" reveló en ese entonces que los correos electrónicos de al menos tres negociadores del gobierno ante las FARC fueron espiados desde ese lugar, del que luego se estableció que era una fachada legal de una unidad militar. En su primera reacción sobre dicho caso, el presidente Santos afirmó que el espionaje obedecía a "fuerzas oscuras" que supuestamente pretenden sabotear las negociaciones entre su gobierno y las FARC.

Sin embargo, después matizó sus palabras cuando el Ejército le confirmó que desde esa fachada sí se realizaban tareas encubiertas, aunque sin efectuar un espionaje ilegal. Los principales jefes de la inteligencia militar, los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga, fueron relevados entonces de sus cargos en medio del escándalo.