Según informó el portal de Ministerio Público Fiscales, la Policía Federal se retiró del Arzobispado con documentación en cuatro sobres oficio de papel madera. El primer pedido de allanamiento fue cursado por el representante del Ministerio Público en el requerimiento de instrucción, pero Martínez lo rechazó y le remitió la causa a Castaño para que la instruyera. Como primera medida, el fiscal convocó a declarar al administrador de la curia bahiense, Bruno Cucchetti.

Tras recibir el testimonio de Cucchetti, Castaño solicitó el jueves nuevamente el procedimiento en base a sus manifestaciones y requirió que se dispusiera "el allanamiento del Arzobispado, con el objeto de que se proceda al secuestro de documentación, legajos, antecedentes y toda otra actuación que se relacione con el cobro del beneficio jubilatorio del imputado Aldo Vara".

También solicitó "documentación que tenga referencia con comunicaciones o notificaciones efectuadas por Guillermo Garlatti a otras Jerarquías de la Iglesia católica, que hagan expresa referencia a Aldo Vara".

El delito que se les imputa al arzobispo bahiense y al apoderado está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".

Vara fue detenido por Interpol en Paraguay y aguarda su extradición a la Argentina. Está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.