"Esta medida dará origen a un sobreseimiento encubierto, en desmedro de la actuación de la Justicia y de los intereses generales de la sociedad que el Ministerio Público debe promover, según su mandato constitucional", sostuvo el CELS respecto al dictamen del fiscal federal de La Rioja Horacio Salman a favor del general César Milani en la causa que se le sigue en esa provincia por supuestas violaciones a los derechos humanos.

El organismo criticó que Salman "convalidó el pedido de la defensa de que se declare la nulidad del requerimiento de instrucción que abrió la investigación" y afirmó que "esgrimió un conjunto de argumentos que contradicen la verdad histórica reconstruida a lo largo de tres décadas en el proceso de memoria, verdad y justicia".

"El fiscal pone en duda el valor de los testimonios de los familiares de las víctimas y privilegia el testimonio de descargo del acusado, descarta la compleja trama de órdenes legales e ilegales que funcionó como marco del terrorismo de Estado y considera legales los actos amparados en la ley 'anti subversiva' 20.840", enumeró el CELS y remarcó que esos aspectos "contradicen en forma abierta la jurisprudencia referida al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país".

Ramón Olivera denunció en 2013 que su padre, Pedro Olivera, fue detenido el 12 de marzo de 1977 en un operativo comandado por el entonces Sub Teniente Cesar Milani. Fue trasladado al Instituto de Rehabilitación Social (IRS), donde fue víctima de torturas, y liberado dos días después. Por su parte, Ramón Olivera fue detenido el 14 de marzo de 1977 y conducido al mismo instituto que su padre y torturado. De allí fue llevado al Juzgado Federal de La Rioja a cargo de Roberto Catalán (actualmente procesado como partícipe en delitos de lesa humanidad), en un operativo en el que denuncia que participó Milani, quien -dijo- presenció el interrogatorio.

"Las víctimas de los crímenes de la dictadura y toda la sociedad tienen el derecho a conocer la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los responsables", afirmó el CELS. "El juez Herrera Piedrabuena por decisión jurisdiccional y la Procuración General por via administrativa pueden y deben corregir este desvío", concluyó.