Se trata de una decisión inédita y llega coincidiendo con la primera semana de reinado de Felipe VI, quien durante su discurso de proclamación prometió encarnar una monarquía renovada y símbolo de "autoridad moral". Tras investigar durante tres años los negocios del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, el juez José Castro concluyó que Cristina debe ser juzgada, puesto que existen "sobrados indicios" de que intervino "lucrándose" en su propio beneficio gracias a los negocios ilegales de su marido.

Concretamente, la infanta Cristina está imputada por delitos de blanqueo de capitales y de cooperación en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por Urdangarín en 2007 y 2008, delitos que están penados con hasta once años de cárcel: 6, el de blanqueo de capitales y, 5, el de cooperación en un delito contra la Hacienda Pública.

El magistrado considera que la infanta Cristina dispuso y gastó el dinero público desviado por su marido a la empresa Aizoon, que ambos comparten al 50 por ciento. Castro sostiene que la hija del exrey Juan Carlos "intervino activamente en el vaciamiento de los fondos de Aizzon". En cuanto a los delitos fiscales, el juez la acusa de haber cooperado en forma "silenciosa" con la evasión cometida por Urdangarín.

El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá la decisión, mientras la Fiscalía, que siempre se opuso a la imputación de la hermana del actual rey, también presentará un recurso en contra.

Desde 2011, Castro investiga a Urdangarín y su exsocio Diego Torres por supuestamente haberse apropiado indebidamente de unos seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano a través del Instituto Nóos, parte de los cuales fueron a parar a Aizoon.

En abril de 2013, Castro encontró hasta 14 indicios de la presunta "complicidad o colaboración necesaria" de Cristina de Borbón y Grecia con las investigadas actividades de su marido, pero un tribunal de apelación levantó la imputación. Tres meses después, el magistrado encontró nuevos indicios y volvió a imputar a la infanta, quien el pasado 8 de febrero declaró como imputada protagonizando un hecho histórico para la Corona en los 38 años del reinado de Juan Carlos.

Al cerrar la investigación del famoso caso Nóos, en el paso previo al juicio oral, el juez Castro mantiene la imputación de 16 de las 32 personas implicadas. A Urdangarín, cabecilla de la trama, le atribuye delitos de malversación, prevaricato, falsedad documental, tráfico de influencias, estafa, fraudes a la administración y dos delitos fiscales.

El caso de corrupción Nóos generó un gran daño a la imagen y prestigio de la Corona española, institución que gozaba de una imagen positiva de 7 puntos y que llegó a bajar hasta 3,72, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.

El escándalo fue uno de los detonantes de la abdicación del rey Juan Carlos, quien también aparece involucrado, de forma colateral, en el caso. Durante su discurso de proclamación, Felipe VI recalcó que para que la Corona sepa ganarse el aprecio, el respeto y la confianza de los ciudadanos, y se haga acreedora de "autoridad moral" debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".