La iniciativa promovida por el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, fue girada a la Legislatura para iniciar el proceso de discusión y darle estado parlamentario junto con los proyectos de Código Electoral elaborados por el PRO, el Frente Progresista y Popular y UNEN.

El proyecto contempla la creación de un Tribunal Electoral y de un registro público de postulantes a autoridades de mesa, la participación equivalente y proporcional por género, la inclusión de observadores electorales, el voto a personas que se encuentran procesadas y condenadas, y la condición de "ausente por desaparición forzada". A su vez, la iniciativa prevé la incorporación de leyes ya vigentes dentro del cuerpo del Código, entre ellas la de Voto de Extranjeros, la de Voto Joven, la de las PASO, la de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas.

Al presentar el proyecto, Amor remarcó la necesidad de "poner fin a un vacío legislativo (...) lograr la autonomía plena y garantizar y proteger los derechos políticos y electorales de los habitantes de la Ciudad", y advirtió que "a casi veinte años de la sanción de la Constitución local, se sigue utilizando el Código Electoral Nacional anterior a 1996".

El proyecto de ley, elaborado por la Dirección de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría "tiene como objetivo enriquecer la discusión planteada desde hace varios años en la Legislatura porteña acerca de la implementación de un nuevo modelo de organización y administración electoral".

Con el mismo propósito, el macrismo ingresó a principios de junio un proyecto propio que apunta a "iniciar el desarrollo de un nuevo modelo tanto de organización y como de administración electoral, donde se han considerado las ventajas que presentan las innovaciones introducidas en las experiencias comparadas", que se sumó al presentado por el exjefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, fundamentado en "la deuda generada con la ciudadanía y la autonomía de nuestra Ciudad".