Nicolas Sarkozy fue interrogado en la sede de la Oficina Central de Lucha Contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF, por sus siglas en francés) en Nanterre, en el límite sureste de la capital francesa, un día después de que la misma policía hubiera detenido a su abogado, Thierry Herzog y dos magistrados del Tribunal Supremo. De acuerdo con la la figura bajo la cual ha sido convocado (garde a vue), el expresidente está de hecho detenido y su obligación de declarar, normalmente durante 24 horas, podría ser ampliada hasta 48 horas.

El diario Le Figaro especuló con que, por su condición de exmandatario, Sarkozy podría recibir "un tratamiento de favor" por parte de la Justicia que podría ordenar "detenciones diarias de 12 horas" para "evitar la humillación de dormir en los locales de la policía judicial".

La noticia, inédita por tratarse de un exjefe de Estado, se apoderó de la actualidad en Francia, donde las radios realizaron emisiones especiales y el canal privado I-Télé transmitió en directo la detención del político conservador que dirigió al país entre 2007 y 2012.

Sarkozy, quien podría ser procesado, se encuentra retirado de la política tras su fallido intento de reelección ante el socialista Francois Hollande en mayo 2012, pero desde hace semanas amagaba con regresar de cara a la elección presidencial de 2017. Mientras la clase política llama a confiar en la Justicia, la oposición conservadora no ocultó su sorpresa por la celeridad del proceso de instrucción, y los más fervientes defensores del exmandatario denunciaron un "ensañamiento".

"Es una curiosa coincidencia que, dos semanas después de que el regreso de Sarkozy a la política empiece a tomar forma, sea detenido. Es un ensañamiento para tratar de abatirlo", denunció en numerosos medios el diputado conservador Sébastien Huygue.

Por su parte, el portavoz del gobierno, Stéphane le Foll, afirmó en el canal I-Télé que "la Justicia debe ir hasta el final. Nicolas Sarkozy es justiciable como cualquier otro ciudadano". Inclusive, Le Foll recordó que además de la investigación sobre el posible tráfico de influencia y el posible financiamiento de su campaña electoral con dinero libio, la Justicia francesa mantiene abierta otras cuatro investigaciones donde figura el nombre de Sarkozy.

Ayer, la justicia gala había comenzado a cerrar el cerco en torno del exjefe de Estado con la detención de su abogado y dos importantes magistrados acusados de haber advertido a Sarkozy de que la Justicia había intervenido su teléfono móvil. Thierry Herzog y los magistrados de la Corte de Casación Gilbert Azibert y Patrick Sassoust fueron detenidos por policías de la Oclciff y podrían ser careados con Sarkozy en las próximas horas.

Decididas en septiembre de 2013, las escuchas al exmandatario y a su entorno tuvieron lugar en el marco de otra investigación preliminar en torno de las acusaciones de financiamiento de su campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio, Muammar Kaddafi. Rápidamente, los investigadores constataron un tono lacónico de Sarkozy al teléfono y descubrieron que poseía otro teléfono celular con un nombre falso, adquirido por su abogado para mantener la confidencialidad en sus conversaciones, pero que terminó sacando a la luz un "sistema de información" que salpica a magistrados y policías y compromete el futuro del expresidente.

El tráfico de influencia prevé penas que pueden ir hasta 10 años de prisión y 150.000 euros de multa según las circunstancias, mientras que el Código Penal contempla penas suplementarias, como la prohibición de ejercer cargos públicos.