La norma rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. Asimismo, la iniciativa indica que "la responsabilidad del Estado es objetiva y directa", que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria" y que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios".

El proyecto señala que "se exime de responsabilidad al Estado" por "los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y "cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder".

Según la nueva ley el "Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada".

Como miembro informante del oficialismo, el senador por Santa Cruz, Pablo González, consideró que las críticas a la iniciativa por parte de la oposición "no se condicen con la realidad". "Han dicho que el oficialismo busca garantizar impunidad de funcionarios kirchneristas. Yo entiendo que les gusta aparecer en la TV y la radio, pero la ley es objetiva y directa", juzgó. El legislador santacruceño confió que "el proyecto es un avance y tiene un criterio que toma como base la creación de jurisprudencia de la Corte, que hemos visto cómo ha idoevolucionando a lo largo de 100 años".

A su turno, el chubutense Marcelo Guinle destacó que "los funcionarios seguirán siendo tan responsables como lo son hoy" y aseguró que "la responsabilidad de los funcionarios está contemplada en la ley que se está votando". "El Estado responde de manera directa cuando lo hace por hechos propios u omisión o acción en caso de una concesión", aclaró Guinle. Asimismo, comentó que "no es cierto que se le esté sacando derechos al hombre de a pie" y que "cuando el Estado acciona legítimamente no va a pagar lucro cesante, pero sí daño emergente y daño moral".

El radical Ernesto Sanz, por su parte, advirtió que "esta respuesta del Estado terminará lesionando al principal beneficiario que es el ciudadano". "Le están dando menos herramientas al ciudadano para que litigue contra el Estado", sostuvo, para luego agregar que "no habrá sanciones pecuniarias disuasivas contra el Estado, sino que serán meramente discursivas".

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Jorge Garramuño, integrante del Interbloque Federal, denunció que el proyecto "no es lógico" e "incumple con la Constitución Nacional", tras lo cual destacó que "es inadmisible que estemos tratando de darle más impunidad a los funcionarios presentes y futuros".