Dom 20.07.2014

17:41  › A 38 AñOS DE "LA NOCHE DEL APAGóN"

Para que la causa Blaquier no duerma en un cajón

En un nuevo aniversario del mayor operativo de la dictadura en Jujuy, organismos de Derechos Humanos de esa provincia manifestaron su preocupación por la demora en la elevación a juicio oral y público de la causa contra el dueño de la azucarera Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, acusado como cómplice por el uso de camiones de su compañía para el traslado de secuestrados.

En el Día provincial de los Derechos Humanos, que conmemora "La noche del apagón", diferentes organizaciones jujeñas emitieron un comunicado de prensa a través del cual expusieron su disconformidad por las "las dilaciones" de la justicia en la investigación de las responsabilidades civiles en la represión.

En este sentido, señalaron tanto a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta como a la Cámara Nacional de Casación Penal y afirmaron que ambas "obstaculizan y lentifican el procesamiento de Carlos Blaquier y Alberto Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de julio del año 1976".

Los hechos se produjeron entre el 20 y 26 de julio de 1976 en las localidades Talar, Calilegua y Libertador General San Martín, donde en medio de masivos cortes de energía se secuestraron cerca de 400 personas utilizando camiones pertenecientes al ingenio Ledesma, de las cuales 33 continúan desaparecidas.

"Desde las organizaciones de Derechos Humanos durante estos 38 años, nuestro principal objetivo es la búsqueda de Justicia, y no de venganza, para ello hemos esperado pacientemente todos estos años", expresaron. "Estamos convencidos que a 38 años de la fatídica Noche del Apagón es hora de Justicia para sus víctimas. El pasado reciente nos muestra que la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas por la última dictadura cívico militar".

Por otra parte, los organismos destacaron el impulso y activación que se le ha dado a las causas por delitos de lesa humanidad desde el Ministerio Público Fiscal. Al respecto, afirmaron que "ha significado investigar a fondo la implementación de ese genocidio y sus mecanismos de ejecución, juzgar a los cómplices civiles que se beneficiaron con la instauración de la dictadura".

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