17:45 › POR LOS PAPELES DEL AUTO
El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento del vicepresidente como "partícipe necesario" del presunto delito de "falsificación de documento público" para la transferencia de un auto con documentación apócrifa en el año 2003, e involucró a Amado Boudou en la maniobra por la que en diciembre del 2011 ya fueron procesados los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani, a quienes Boudou responsabiliza de las posibles irregularidades.
Los hechos investigados en la causas refieren a la transferencia de un auto Honda CRX modelo 1992 que, según la resolución judicial, Boudou inscribió a su nombre "con un formulario 08 falso". Once años después de aquella transferencia, Bonadio también procesó por el mismo delito de falsificación de documento público, pero en calidad de coautora, a la titular del Registro de la Propiedad Automotor y Crédito Prendarios Nº 2, María Graciela Taboada de Piñero, y a Agustina Seguin, como partícipe necesaria.
La denuncia de las irregularidades en los papeles fue realizada seis años más tarde de su asentamiento, en 2009, por la titular del mismo registro donde se había radicado la transferencia, Taboada de Piñero.
El auto de procesamiento firmado por Bonadío sostiene que además del formulario 08 con la firma apócrifa de Boudou, para la transferencia se presentaron copias de su documento nacional de identidad "con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era suyo -que sirvió para fijar la radicación del legajo en el Registro de esta ciudad".
El formulario 08 fue vendido por el mismo registro donde quedó asentada la transferencia aunque sus responsables no pudieron informar quién fue el adquirente. Bonadio también asegura en su resolución que el motor del vehículo "no era el original de fábrica, cuyos papeles no demostrarían su titularidad ante el Registro, y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial".
Según la documentación presentada al Registro 2, el vendedor fue Cayetano Campione, a través del gestor Omar Opissi y la escribana María Luis Cabrera como certificante de las firmas.
Tras la muerte del anterior propietario, sus deudos desconocieron la venta del rodado aunque aclararon que lo habían entregado a una concesionaria en 1993 como parte de pago de otro vehículo.
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