En su habitual rueda de prensa matutina en la Casa Rosada, Capitanich denunció "estrategias para radicalizar protestas para promover una política opositora". En ese marco, se refirió al paro dispuesto ayer por el sindicato de Capitanes Fluviales -que mantuvo paralizados más de cien barcos cargados con granos- y al que mantienen hoy en Aeroparque los pilotos nucleados en APLA y que está afectando a todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

"Actúan de un modo coordinado. Cuando un conflicto se resuelve, empieza otro. Hay un encadenamiento para provocar conflictos, una estrategia deliberada para propiciarlos", dijo el funcionario, y añadió que "la finalidad, desde el punto de vista gremial, es que están alineados a ejes de la oposición política".

"Vamos a tener que convivir con estos conflictos en forma permanente", afirmó el jefe de Gabinete, y dijo que desde el Gobierno implementaron "alertas para tener herramientas eficaces de intervención y un monitoreo sistemático de los conflictos".

En tanto, aseguró que el cierre de la empresa gráfica Donnelley fue una decisión "unilateral" e "intempestiva" de la casa matriz, en Estados Unidos, y consideró que su carácter es "político y no empresarial". Capitanich diferenció el caso con el de la fábrica de autopartes Lear Argentina.

"La empresa Donnelley ha tenido la particularidad de haber tomado una decisión unilateral de cierre ungida por su casa matriz, en Estados Unidos. Consideramos que es una decisión por lo menos rara, unilateral e intempestiva. Esto es una decisión de carácter político y no empresarial", afirmó el jefe de Gabinete.

Al respecto, mencionó el encuentro que ayer mantuvieron en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires el sindicato y la empresa, donde se propició la declaración de la conciliación obligatoria por quince días, para evitar que 400 trabajadores pierdan sus fuentes de trabajo. Recordó que ya hubo una oferta de conciliación voluntaria, que fue acatada por los trabajadores y no por la empresa, y otra para conciliación de intereses, que "fue soslayada". Señaló que por ese motivo la conciliación ahora será "obligatoria".

En el caso de Lear, dijo que "es voluntad de la empresa continuar su actividad en el país e, incluso, incrementarla". "Tiene tres plantas y no es un problena de mercado", precisó Capitanich. Opinó en esa empresa "ha caído el crecimiento y la productividad por conflictos internos que tienen que ver con problemas de índole ideológica y política", y sostuvo que "el rol y la función del sindicato Smata es garantizar las fuentes de trabajo y el salario digno" y que "ningún partido político puede obstaculizar el trabajo de la gente".

Respecto a la actuación de la Gendarmería, que impidió en varias ocasiones el corte de la autopista Panamericana, Capitanich consideró que es obligación del gobierno nacional "garantizar la libre circulación de los argentinos, el derecho a la protesta y el de los trabajadores a trabajar, además de generar condiciones para que las empresas inviertan".

Finalmente, señaló que el Gobierno observa "con mucha preocupación que estos grupos no son sólo idiotas útiles de grupos concentrados y otras empresas, sino que están actuando para destruir el empleo argentino". El funcionario apuntó a los dirigentes del Partido Obrero y sostuvo que "tenemos derecho a pensar que no les interesa ni el trabajo ni los trabajadores", sino que "responden a otros intereses".