Para los fiscales, las faltas de mérito y sobreseimientos dictados el 18 de julio pasado impiden llevar a juicio a quienes consideran responsables de un caso de "gran trascendencia institucional" sobre "la criminal actuación de los integrantes de los cuerpos de fuerzas de seguridad en el control del orden público".

Córdoba y Abraldes recordaron que durante la represión, "el empleo de munición adulterada en el marco de una manifestación" y sostuvieron que esas acciones de los uniformados "configuran prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad y extensión afectan la vigencia del Estado democrático de derecho".

En mayo último, la jueza de Instrucción Mónica Berdión de Crudo procesó a 24 efectivos de la Policía Metropolitana y a ocho de la Federal por la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano, del barrio porteño de Villa Lugano. Pero dos meses después, los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Rimondi revocaron las procesamientos de los comisarios de la Policía Federal Hugo Lompizano, Juan Quinteros y Emilio Miragaya, de los comisionados de la Metropolitana Miguel Ciancio, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi, y de otros 18 oficiales de ambas fuerzas.

Los fiscales quieren que la Cámara de Casación revoque lo que consideraron una "deficiente respuesta judicial frente a hechos constitutivos de violencia institucional en la Argentina", que incluso "ha sido observada en numerosas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos".