Al dar inicio al debate en el Salón Azul del Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reinvidicó el rol regulador del Estado respecto de las cadenas de valor y sostuvo que existe en ella "un funcionamiento inadecuado, incorrecto" que perjudica al "eslabón más pequeño" del proceso: los usuarios y consumidores. Dijo que para el gobierno nacional "el Estado cumple un rol absolutamente indubitable" en la administración de la economía y la distribución del ingreso y criticó a los sectores del empresariado que se oponen a la iniciativa: "Solamente pretenden que el Estado intervenga cuando están en juego sus propios intereses".

Además, Capitanich y el jefe de los senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, rechazaron dichos del presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, quien durante su participación en el plenario dijo que el gobierno "perjudicó la actividad productiva" agropecuaria y dijo que "el campo está quebrado".

El jefe de Gabinete vinculó las críticas a "las aspiraciones políticas" del presidente de la SRA, mientras que el senador negó que el sector se haya visto "perjudicado" en los últimos años por las medidas oficiales. "Esta última década ha sido muy importante para el sector agropecuario. En 2001 y 2003 el campo estaba quebrado y en esta última década ustedes han mejorado, han crecido y han tenido precios competitivos", le contestó Pichetto.

En tanto, representantes de cámaras empresarias y de comerciantes mostraron sus diferencias. “Todo el mundo está preocupado antes de tiempo. Si los empresarios hacemos las cosas como se deben y respetamos al consumidor, no veo el sentido para estar alarmados”, opinó el presidente de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti. Además, dijo que durante “la década anterior” los empresarios “estuvieron al borde del exterminio”, al tiempo que elogió al secretario de Comercio, Augusto Costa, por que “no fue elegido por un gobierno neoliberal, sino por uno que se preocupa por los asalariados”.

A su turno, Rubén Manusovich, de FEDECAMARAS, dijo que los “sectores mpresarios mantienen el pensamiento de los años 90 y eso es muy preocupante”. “Apoyamos esta ley. Aunque quizá habría que prestarle atención para que las PyMEs no sufran su aplicación”, sentenció Manusovich.

Javier de Jáuregui, de CAME, pidió “excluir a las pequeñas y medianas empresas de cualquier legislación que implique sanciones del Estado ya que es un mercado transparente”.

Por su parte, Carlos Garetto, de Coninagro, expresó que “si el Estado maneja los precios, le quitará el incentivo a la producción, poniendo un cepo y afectando a los consumidores”. En el mismo sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere advirtió que con el proyecto del Ejecutivo "no nos hace falta esperar que se sancione para saber si va a causar o no efectos negativos. Ya sabemos que los va a causar".

Por su parte, el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Manuel Campos, llamó al proyecto "intervencionista", alertó que la nueva ley de Abastecimiento "no generará mayores inversiones en la Argentina" y señaló que "la inflación es el gran enemigo de los consumidores". Mario Fonrouge, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, opinó que se dejará “en manos de un funcionario aplicar sanciones y abonar las multas o imponer intervención de mercaderías”. Juan Vaquer, de AMCHAM, indicó que el nuevo proyecto de ley “puede poner en riesgo la posibilidad de recibir inversiones que tan necesarias son para este país”.

Javier Molteni, de la Cámara Argentina de Comercio, destacó que no compartía “el espíritu” de la Ley que “ratifica mecanismos de control y represión”. Finalmente, el representante de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, reclamó que “en esta ley debería existir el derecho de defensa antes de aplicar una multa al comerciante que lo puede sacar del mercado”.