"Ya cuando Donnelley presentó el plan preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo pretendiendo despedir a 123 trabajadores y reducir nuestro salario en un 40 por ciento, nosotros denunciamos que existía el pago de millones de pesos en intereses por préstamos, y gran parte de esos préstamos pertenecían a su casa matriz que tiene domicilio en los Estados Unidos", sostuvo Jorge Medina, uno de los delegados.

El operario aseguró que de esta manera los directivos de la empresa "enviarían millones al exterior mientras acá nos decían que tenían crisis y debían despedir a trabajadores y bajarnos el salario". Por su parte, René Córdoba, otro de los delegados, recordó que son "más de 400 familias las que esta empresa quiso dejar en la calle, pero los trabajadores la pusimos a producir y a gestionarla por nuestra propia cuenta porque de ninguna manera vamos a admitir que estos buitres norteamericanos nos dejen sin trabajo".

Medina destacó que "los trabajadores en asamblea votamos que ante estas maniobras fraudulentas de la empresa la única solución viable es la inmediata expropiación de la fábrica y su estatización bajo gestión de los trabajadores para ponerla al servicio de la comunidad imprimiendo libros, manuales y materiales escolares".