"No hay razones que justifiquen que los agentes de seguridad del Estado violenten el principio de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que determine eventuales responsabilidades penales", recalcó la casa de estudios.

En el mismo sentido, según la UNC, "después de 30 años de democracia ininterrumpida, llegó la hora de que el Poder Legislativo provincial debata un nuevo marco legal de seguridad ciudadana, buscando alcanzar consensos mínimos que garanticen que la prevención y el legítimo combate del delito no vulneren los derechos básicos de los habitantes de Córdoba".

"Una mejor seguridad ciudadana no requiere necesariamente de más represión, más efectivos y más prisiones. Pensamos, en cambio, que necesitamos de un Estado que se preocupe y se ocupe por contener las enormes demandas sociales, que apueste a la educación como herramienta transformadora y a la inclusión, como forma de acabar con la marginación", enfatizaron los consejeros de la UNC.

La casa de estudios también pidió al Poder Judicial local "el pronto esclarecimiento de estos casos de presunto 'gatillo fácil', ya que la celeridad en estos procesos es crucial para garantizar el derecho a la Justicia de quienes se sienten afectados", y para que "la democracia cordobesa gane en calidad y transparencia" a partir del control de "las prácticas policiales abusivas".

A diferencia de lo expresado por la UNC, en agosto pasado y frente al último caso de "gatillo fácil", en el que murió Alberto Pellico (18), el jefe de la Policía cordobesa, Julio César Suárez, expresó: "La gente necesita tener una Policía activa. Defendemos los derechos humanos de las víctimas de delitos en Córdoba".