Las iniciativas recibieron el respaldo de los legisladores del Frente para la Victoria y de fuerzas aliadas que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda, Industria y Comercio y Justicia y Asuntos Penales.

Antes de firmar los dictámenes, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, anunció la instrumentación de una serie de modificaciones en el articulado de las iniciativas que, según indicó, fueron sugeridas por entidades empresarias como la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y asociaciones de defensa del consumidor.

Entre las modificaciones anunciadas por Álvarez está la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en manos del Poder Ejecutivo la potestad de poner en marcha la norma, aunque sostiene que la autoridad pueda "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios".

Además, en el nuevo articulado se excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la ley "siempre que no detenten una posición dominante en el mercado". Otro de los cambios fue eliminar como una de las sanciones a quienes violen la ley la "clausura definitiva" de la unidad económica, mientras que la autoridad de aplicación deberá requerir "previamente autorización judicial" para aplicar sanciones como la "inhabilitación especial" o la "clausura temporal".

De todas formas, en caso de incumplimiento de la norma sí se contempla que la autoridad de aplicación pueda clausurar hasta por tres días las firmas que estén en infracción. La extensión de esa clausura hasta un mes, sí necesitará un pronunciamiento de la Justicia.

Por otro lado, a pedido de la Cámara Argentina de Comercio, el Ejecutivo agregó que las empresas podrán "pedir una compensación justa y oportuna" en caso de que se aplique la orden de obligar a producir a una empresa aún a riesgo de pérdida económica. Finalmente, se consideró "inconveniente" obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio, que las mantendrá en secreto.

También recibió dictamen el proyecto de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, organismo técnico que asistirá a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

La tercera iniciativa que fue girada para su tratamiento en el recinto fue la que crea un nuevo fuero en la justicia nacional que debe encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo. El proyecto crea el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo; una Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, destacó que "hubo un cambio estructural y central" en los puntos criticados del paquete de proyectos, mientras que Álvarez reconoció que "tal cual como estaba, la norma diseñada iba a ser de interpretación abierta".

Por su parte, el radical Gerardo Morales anunció que su bloque iba a apoyar en general la creación del nuevo fuero nacional, pero que mantenía su oposición al Observatorio de Precios y a la reforma a la Ley de Abastecimiento. "Le siguen poniendo discrecionalidad al Poder Ejecutivo", indicó Morales, aunque destacó "los cambios positivos para eliminar abitrariedades".

Por último, el socialista Rubén Giustiniani consideró positiva la idea de la "intervención del Estado en la regulación de la economía", pero precisó que "esta no es la herramienta adecuada para abordar la complicada situación de la economía nacional".