El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano confirmó que quedaron imputados Mestre, el secretario de Transporte, César Ferreyra, su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el titular de Ersa, Juan Carlos Romero.

La supuesta estafa consistía "en el cobro de subsidios nacionales para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros" destinadas a los "vehículos de la firma Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado)" que se desviaban hacia otras dos empresas privadas.

La denuncia de Juez se basaba en "documentación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)" para indicar que "la Unión Transitoria de Empresas que conforman Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba en forma indebida dichos subsidios", lo que habría generado "un perjuicio al Estado municipal cercano a los 240 mil pesos por mes".

"De acuerdo con las reglamentaciones de la CNRT, el intendente Mestre es el responsable y, como máxima autoridad, debía asegurar en una declaración jurada, con su firma, la información que se enviaba para el cobro", destacaba la denuncia.

El servicio de transporte urbano es prestado en la capital cordobesa por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tras líneas de trolebuses