La resolución del tribunal, con las firmas de los jueces Juan Antonio González Macías, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade, se basa en "un estudio integral de los antecedentes allegados al presente incidente". Asimismo, el documento agrega que el beneficio solicitado es "una medida de concesión excepcional, máxime en un proceso en que se investigan violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la última dictadura militar, siendo una obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

Además, los integrantes del Tribunal mencionan que "no puede soslayarse que Romano fue extraditado desde la República de Chile a la Argentina, situación que, objetivamente, demuestra el grado de riesgo procesal".

No obstante, en el escrito los jueces exhortan a las autoridades del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia a "que se dé estricto cumplimiento con los controles médicos periódicos y todo tipo de atención oportunamente determinados por los galenos de la Justicia nacional, y arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar las medidas de infraestructura e higiene para su adecuada detención".