22:49 › BUENOS AIRES
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), una coalición de organizaciones sociales e instituciones, integrada por el Casacidn, reivindicó la ley promulgada la semana pasada en el parlamento bonaerense y pidió que se promulgue ante las advertencias de algunos funcionarios sciolistas que anticiparon el veto tras las críticas descontextualizadas que hablaron de "maestros truchos" y "militantes". "Esta ley cuestionada es una señal de esperanza que no debe ser avasallada por la presión interesada y mezquina", sostuvieron.
Las organizaciones firmantes aseguraron que quienes criticaron la norma aprobada por ambas cámaras provinciales pertenecen a "sectores que ni conocen ni les interesa la realidad que se vive en las zonas más pobres del país y que buscan hacer de este debate una nueva oportunidad para sacar réditos electorales".
La promulgación de la ley 79413/14 de "Incorporación de la modalidad de educación comunitaria al sistema educativo formal", según la CADE, significa no sólo "hacer justicia con organizaciones, educadores y niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también cumplir con lo que manda la Ley de Educación Nacional y la Convención Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, suscrita por Argentina y que cumple 25 años".
Como antecedentes de la modalidad de educación comunitaria, la coalición destacó las "numerosas experiencias socioeducativas que miles de organizaciones comunitarias" desarrollan en Argentina y valoraron "el desempeño de miles de educadores comunitarios y, sobre todo, educadoras que trabajan en jardines maternales comunitarios que existen, en muchos casos, desde hace más de 25 años".
El texto suscripto también por Fundación SES y Asociación Civil Etis, plantea que la presencia y cercanía de las organizaciones sociales es importante para lograr que los chicos vuelvan a la escuela, permanezcan en ella y finalicen sus estudios. En ese sentido, la Ley de Educación Nacional define que el Sistema Educativo lo integran los servicios de gestión estatal y privada y de gestión cooperativa y social; y pueden prestarlo la iglesia, sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, empresas y personas físicas.
"El sistema educativo tiene la obligación de generar espacios institucionales y políticas que permitan consolidar estas experiencias, y no dejarlas desamparadas, cuando la sociedad parece clamar por mejor educación", aseguró la CADE.
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