La reforma inicial del gobierno conservador de Rajoy (que ahora solo mantiene la obligatoriedad de que las menores de 18 años deben contar con el consentimiento de sus padres) fue duramente criticada por la oposición de izquierda, e incluso por la máxima autoridad judicial de España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace tres meses aprobó un informe en el que pedía a Madrid "suavizar" su proyecto y no penalizar el aborto eugenésico.

Al caer el proyecto, varios partidos de la oposición pidieron la dimisión del autor del proyecto, Ruiz-Gallardón, quien cuatro horas más tarde no solo anunció su renuncia, sino que también confirmó que deja su escaño en el Congreso de los Diputados y que abandona sus responsabilidades en la dirección del conservador Partido Popular (PP).

Frente a una ley de plazos, que actualmente permite el aborto libre hasta la semana número 14, la reforma de Gallardón tipificaba la interrupción del embarazo como delito y la despenalizaba solo en casos de violación y riesgo físico o psíquico para la gestante, propuesta que provocó el rechazo de los partidos de la oposición y suscitó críticas por parte de algunos dirigentes del propio PP.

Ante la falta de consenso, se pospuso el inicio de la tramitación parlamentaria y hoy Rajoy anunció su suspensión definitiva. "Estamos ante un tema que afecta convicciones profundas de todos los ciudadanos, y es un tema que hay que tomar muy en serio", sostuvo Rajoy, para quien su Gabinete ha hecho un gran esfuerzo para intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles", dijo.