Lun 29.09.2014

15:54  › DEUDA EXTERNA

La fiscalía pidió tres años de prisión para Cavallo

La fiscal federal Fabiana León solicitó la condena del ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" durante el alegato final en el juicio oral por la operación de "megacanje" de deuda en el gobierno de la Alianza. La defensora pública dio por probado que Cavallo actuó con pleno conocimiento para favorecer a un grupo de bancos.

El alegato de la fiscal fue el primero que escuchó el Tribunal Oral Federal 4 en el tramo final del juicio oral y público, que continuará el próximo lunes se con las últimas palabras del ex funcionario y luego el veredicto. Por su parte, la defensa de Cavallo, a cargo del abogado Eduardo Oderigo, alegó ante el Tribunal en segundo turno.

"Debe ser condenado como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haberse interesado directamente en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio", acusó León ante los jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo.

La fiscal entendió que por su "altísimo" nivel de instrucción, al que consideró un agravante, Cavallo estaba en plenas condiciones para comprender las consecuencias de sus actos cuando en 2001 como ministro de Economía del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa recibió y aceptó una propuesta de canje de deuda por parte del banquero David Muldford, sobreseído en la causa por prescripción del delito.

Además, León ponderó el perjuicio económico y las consecuencias sociales derivadas del resultado del "megacanje".

Cavallo es el único procesado sometido a juicio por la operación de canje de deuda de mayo de 2001, en una causa penal en la que varios exfuncionarios fueron sobreseídos por prescripción del delito, entre ellos su ex jefe de asesores Tomás Liendo y el ex secretario de Política Económica Federico Sturzenegger.

En la causa también estuvo imputado el banquero norteamericano Muldford, pero luego de reiterados intentos frustrados por lograr su extradición para tomarle declaración indagatoria, se lo sobreseyó por prescripción.

Para la fiscalía el delito no pasó por el cobro de comisiones por parte de los bancos que manejaron el canje en calidad de intermediarios, sino porque la maniobra permitió mejorar la calidad de los bonos que tenían en su poder y administraban para su cartera de clientes en medio de la crisis económica del gobierno de la Alianza.

Además, León detalló que había millones de dólares en bonos que se "desvalorizaban" en manos de los bancos más los que se administraban para los clientes. Estos bonos extendieron sus plazos de vencimiento hasta el 2031 y la "deuda nominal" del país subió 50 mil millones de dólares, enfatizó la fiscal.

León aludió a la "extensión del daño causado" a nivel económico y a la crisis social que se generó. Como atenuantes enumeró el "extensísimo tiempo que demandó la realización del juicio, la condena pública a la que se vio expuesto y la edad actual” de Cavallo.

La fiscal aludió a los bancos Galicia, Santander Central Hispano, Francés, Credit Suisse, HSBC y JP Morgan. En la operación el consorcio de bancos beneficiado cobró comisiones por el reemplazo de títulos de la deuda externa por cinco bonos con vencimientos diferidos.

El juicio oral duró tres meses y entre los testigos estuvo el ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa, quien defendió la operación y deslindó cualquier responsabilidad penal por parte de Cavallo. Al igual que durante todo el debate, Cavallo estuvo presente en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

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