Esta tarde el juez de Nueva York accedió al pedido de los fondos buitres para que la Argentina sea declarada en desacato y tildó de "ilegal" a la ley de Pago Soberano aprobada por el Congreso. Dijo que resolverá "más adelante" sobre la multa solicitada por los holdouts.

"El tribunal sostiene que la República de Argentina está en desacato civil", dijo Griesa durante la audiencia pedida por los buitres. Justificó su decisión al señalar que la Argentina “tomó y está tomando" pasos "en un intento por evadir partes críticas” del fallo del 23 de febrero de 2012 que ordenó al país no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a 1300 millones de dólares.

El magistrado sostuvo que la ley de Pago Soberano votada por el Congreso para abonar en Buenos Aires la deuda bajo leyes internacionales es uno de varios "pasos ilegales propuestos" por el Gobierno y hasta se atrevió a afirmar que la norma no debe aplicarse. Afirmó que es ilegal “mover los asuntos sobre los bonos a Argentina, lejos de los Estados Unidos” y “realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer” las obligaciones para con los buitres.

Sin embargo, no resolvió ningún tipo de multa ante el desacato declarado. "No creo que sea apropiado lidiar con sanciones esta tarde", expuso el juez ante el pedido del fondo NML Elliot de que se sancionara con 50 mil dólares diarios a la Argentina.

"La decisión del Juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos", expresó la Cancillería argentina tras conocerse la decisión del magistrado. En un comunicado, la cartera de Relaciones Exteriores recordó que esos instrumentos establecen que Estados Unidos "es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial".

"La decisión del juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina", agrega el texto, que reitera el pedido al gobierno estadounidense de que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas para dirimir la controversia.

Ya este mediodía, anticipándose a la decisión del juez, el canciller Héctor Timerman informó que la embajadora argentina ante los Estados Unidos, Cecilia Nahón, presentó una nota al secretario de Estado, John Kerry, advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener la decisión del juez Griesa. Al magistrado se le envió un "memorandum en oposición a la solicitud de los demandantes de declarar a la Argentina en desacato e imponer sanciones".

Timerman leyó alguno de los párrafos de la nota enviada Kerry y destacó el "acoso judicial" de los fondos buitres contra la Argentina, que es víctima "de una orden judicial de cumplimiento imposible". En ese sentido, el canciller señaló como "un nuevo y mayor disparate jurídico" el pedido de los holdouts de declarar al país en desacato y sostuvo que la pretensión "sólo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional y la convivencia pacífica del orden global".

Según especificó Timerman, las sanciones solicitadas por los litigantes incluyen, entre otras cosas, el pago de la suma de 50 mil dólares diarios hasta tanto no cese el supuesto incumplimiento de las mencionadas órdenes judiciales. Además, en la solicitud de los demandantes se deja expresamente abierta la posibilidad de aplicar otras sanciones no monetarias.

"Los fondos buitre fundamentan esta insólita pretensión en la actuación de órganos políticos de un Estado soberano, que han actuado de conformidad con atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Nacional. Por lo tanto, no pueden, de ninguna manera, estar sujetos al escrutinio de un juez extranjero, y en el supuesto incumplimiento de una orden judicial que, como la República ha demostrado, es de imposible cumplimiento", sentenció el canciller.