La sentencia tomó en cuenta los delitos de privación ilegal de libertad, homicidio, tormentos, allanamiento ilegal y robo, en todos los casos agravados, de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles contra las 33 víctimas, en su gran mayoría trabajadores navales y ceramistas, que actuaban como delegados de base o activistas sindicales.

Además de Riveros y Bignone, fueron condenados a 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa, a 16 años de prisión Eugenio Guañabens Perelló y a nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi.

Un punto relevante de la sentencia fue la decisión de los jueces Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña de girar copia de las actuaciones al juzgado de primera instancia, como pidieron querellas y fiscalía, para que se investigue la responsabilidad civil empresarial en los delitos considerados y otros de índole sexual.

La investigación solicitada apunta ante todo a la complicidad de empresarios y directivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y de los establecimientos ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos de lesa humanidad.

En el mismo fallo, los magistrados absolvieron en cambio a otros tres imputados en este undécimo juicio de la megacausa de Campo de Mayo, que comenzó el 8 de julio último. Excepto en las tres absoluciones, que serán recurridas, las penas de prisión impuestas por el Tribunal se aproximaron a las solicitadas por la fiscalía y las querellas.

"Terminamos con sabor semiamargo porque, si bien se condenó una vez más a Riveros, Bignone y otros cuatro represores, tres más fueron absueltos en una decisión por la que vamos a interponer recurso de casación", dijo a Télam el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

"Teníamos la expectativa de que el Tribunal evaluara adecuadamente las pruebas de cargo" ofrecidas respecto de los absueltos Roberto Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado, imputados en el caso de los obreros navales Martín Mastinú, desaparecido y Mario Marras, asesinado.

El letrado destacó que estos tres imputados finalmente absueltos, represores que integraban la Prefectura, al pronunciar sus "últimas palabras, terminaron pidiendo perdón". "El 5 de noviembre vamos a conocer los fundamentos de la sentencia, pero ya vemos que en estas absoluciones el tribunal dio prioridad a la nulidad de indagatorias de 1984 por evidentes fallas en la instrucción y desestimó en cambio las pruebas de cargo acumuladas con posterioridad", precisó el letrado.

Por otra parte, Annicchiarico destacó que "este juicio puso de manera clarísima en evidencia la complicidad civil empresaria, que no solo instigó sino que tuvo una intervención esencial en la individualización y delación, mediante confección de listas, de los propios trabajadores que resultarían victimizados".

"Directivos de Astarsa, Mestrina, Lozadur y Cattaneo fueron denunciados con nombre y apellido por las víctimas sobrevivientes y por los familiares que peregrinaron, en la mayoría de los casos infructuosamente, por dar con el paradero de sus seres queridos, cuyo 'delito' consistió en reclamar mejoras salariales y laborales", añadió.

La causa se nutrió por los numerosos testimonios vertidos durante en el juicio oral y nueva prueba reunida, que incluye documentación desclasificada del Departamento de Estado norteamericano, libros de actas del directorio de Lozadur e informes de la ex DIPBA (inteligencia de la Policía bonaerense).

Por otra parte, para un futuro juicio de la megacausa de Campo de Mayo quedaron además otras causas que también tuvieron como víctimas a trabajadores de la Zona Norte, entre ellos los secuestrados en la planta de Ford en Pacheco, caso que comprende entre los imputados a tres exdirectivos de esa automotriz.