Durante el plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, remarcó que “hay una general aceptación del nuevo Código”. El funcionario explicó brevemente de qué modo se desarrollará el nuevo sistema “acusatorio” que se pretende imponer con el nuevo Código. “Una vez ingresado el hecho, el fiscal forma un legado y en quince días debe tomar una decisión. La más relevante, que es la de continuar con la causa, es la de formalizar la investigación. A partir de allí, el fiscal solicita una audiencia donde se citan al defensor y al juez”, detalló.

También indicó que el fiscal puede “desestimar el caso o puede archivar la causa por imposibilidad probatoria o de individualización de sus autores”. “Si no está individualizado el autor del delito, la investigación se extiende hasta que el delito prescriba”, explicó Alvarez.

Según dijo el secretario, al finalizar la investigación “se realiza una nueva audiencia de revisión y se decide si la causa se eleva a juicio”. “Entre 5 y 30 días tiene el tribunal para hacer el juicio que se realiza en dos etapas: la presentación de los hechos y luego la culpabilidad o no”, finalizó.

"Consideramos que este proyecto de ley, es un proyecto que reforma profundamente el sistema procesal penal", afirmó por su parte el ministro de Justicia, Julio Alak, quien consideró que la iniciativa "es dotar al Poder Judicial y al Ministerio Publico de un instrumento eficaz en el combate contra el delito, sobre todo el crimen organizado".

Alak descartó que se busque “establecer un sistema de mano dura simbólico o un sistema punitivo demagógico” y aseguró que la reforma “pretende acelerar plazos, sumando oralidad al proceso y garantizando que quien cometa un crimen sea penado, garantizando que la víctima pueda participar del proceso sin tener que pedir permiso”.

El ministro sostuvo que el sistema actual “tiene deficiencias” y señaló que “las cárceles argentinas tienen promedio altísimo de procesados” que llega al “60 por ciento de procesados”. El ministro destacó que “entre los jóvenes-adultos, el número de procesados llega al 83 por ciento”.

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que “habría que discutir la posibilidad de expulsar a los extranjeros que cometan delitos graves, luego de purgar la pena de prisión en el país”. Remarcó que “en los países importantes, una de las opciones es el cumplimiento de la pena cuando son delitos graves, especialmente los transnacionales, y luego la expulsión”.

En ese sentido, precisó que en el nuevo Código Procesal Penal debería tenerse en cuenta la comisión de “delitos transnacionales que agobian al país”, y denunció que “Santa Fe es la nueva Medellín” y que los grandes carteles del narcotráfico “están entre nosotros”. Si bien luego retiró lo dicho sobre la provincia gobernada por el socialismo, Pichetto destacó que la no expulsión de extranjeros acusados de delitos graves “va a contramano del pensamiento social”.

El radical jujeño Gerardo Morales dijo que su bloque acompañaba en general el nuevo Código, pero se manifestó en contra de la expulsión de extranjeros. “La expulsión va en contra de la Constitución y de la garantía de defensa en juicio ya que niega la igualdad ante la ley”, explicó.

Morales argumentó que “el problema es que no se cumple con la Ley de Migraciones y la frontera es un colador”. “Los vamos a echar y van a volver porque no hay ningún control migratorio”, relató, para luego responder que “si Santa Fe es Medellín, Argentina es Colombia”.