En el marco de una reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce el kirchnerista Alfredo Dato, expusieron hoy querellantes de casos emblemáticos sucedidos en Acindar, Ford y el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky. Luego se procedió a la firma del dictamen.

Los expositores plantearon que deben investigarse las complicidades de grupos económicos con la última dictadura, y cómo influyeron para que los militares apliquen un determinado plan neoliberal basado en el ajuste y la represión.

El abogado Tomás Ojea Quintana, representante de los sindicalistas de Ford secuestrados en la dictadura, dijo que "aún esperamos que se realice el juicio oral" contra el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla. "La complicidad de las autoridades de Ford con la dictadura está demostrada y la prueba es contundente", dijo Ojea Quintana.

En tanto, el abogado Alejandro Olmos planteó que "no solo se debe investigar las complicidades de grupos económicos con la dictadura" sino lo "sucedido en la década del 90 donde se hacían contratos, cuyos dictámenes se elaboraban en Estados Unidos".

Por su parte, el dirigente Víctor Paulon dijo que la "complicidad de Acindar fue tan contundente que hasta su entonces presidente José Martínez de Hoz fue en la dictadura su ministro de Economía y su reemplazante fue el militar Alcides López Aufranc, un general retirado y uno de los primeros argentinos adiestrados en la escuela francesa contra la insurgencia". Sostuvo que "Acindar vanguardizó a todo un sector del empresariado en el período previo al golpe", y que "la persecución de la empresa hacia sus trabajadores se desarrolló desde marzo del 74 hasta diciembre del 82".

A su turno, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, dijo que es importante que el Congreso "avance en la tarea pendiente" que es "identificar las complicidades de grupos económicos con la dictadura". Agregó que la democracia avanzó "en ejecutar juicios contra represores por los delitos de lesa humanidad", pero falta avanzar en los juicios contra los empresarios que "participaron, impulsaron y se beneficiaron" con la dictadura.

La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la última dictadura. De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.

El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. En caso de que se advirtiera la existencia de delitos, la comisión podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.