La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de las cinco fusiladas en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico).

Entre los imputados por la justicia argentina figuran también Antonio Carro Martínez, exministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, exministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, exministro de Hacienda (1973-1974) fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, exministro de Justicia (1975), y Alfonso Osorio García, exministro de la Presidencia (1975-1977).

La magistrada, en su resolución, recuerda que los delitos de los que se los acusa constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles: “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.

La lista de los imputados se completa con Jesús Quintana Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Rocardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.

En declaraciones a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina, sostuvo que "esperamos que haya una resolución por parte del Gobierno y de la Justicia española, que sean sensibles a este clamor de cada vez más sectores. Cada vez hay más denunciantes, la querella avanza y confiamos en que haya jueces españoles que asuman la tarea de investigar estos crímenes contra la humanidad".

Slepoy destacó que la resolución de Servini de Cubría es "producto del esfuerzo de mucha gente que ha viajado a Argentina para declarar ante la jueza o ha logrado que se lleven a cabo declaraciones por videoconferencia".

Los procesos de extradición pasarán por la Audiencia Nacional y será previsiblemente el Gobierno el que tenga la última palabra. "Es probable que se dicte una decisión similar a la adoptada ante la solicitud de extradición de Billy el Niño y el capitán Muñecas", advirtió Slepoy, en referencia a la decisión de la Audiencia Nacional de no entregar a aquellos acusados a la jueza por considerar que sus delitos habían prescrito. "Pero eso abunda en la impunidad del franquismo en un momento en el que se suman pasos, pruebas y denunciantes para acabar con esa impunidad e investigar de una vez tales crímenes de lesa humanidad", concluyó Slepoy.