La empresa de capitales norteamericanos declaró su quiebra el 9 de agosto durante una asamblea extraordinaria de accionistas y consiguió, en tiempo récord, que el juez Gerardo Santicchia lo decretara el lunes 11. Tres días después, la AFIP hizo una presentación a la justicia comercial para que se deje sin efecto la quiebra y continúe la explotación comercial y además denunció a los directivos de la filial argentina ante la justicia penal.

A partir de esa presentación, Evers presentó el pedido de imputación ante el juez Rafecas y solicitó medidas de prueba. Además de pedir la imputación de los directivos, el fiscal solicitó a la AFIP la remisión de la información patrimonial que surge de las declaraciones juradas de la empresa para establecer la situación económica y patrimonial de la firma.

Asimismo, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los datos de las personas responsables de la empresa; al Banco Central para que informe el estado de las cuentas bancarias de la empresa; un peritaje contable; y al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19, a cargo de Santicchia, que certifique el estado de la causa.

La AFIP había considerado rápidamente la quiebra como fraudulenta al indicar que el activo de la empresa era superior al pasivo, con un patrimonio neto positivo de 180 millones pesos, sobre un pasivo de 140 millones. Mientras que el balance registra ganancias reservadas por 20 millones para futuras distribución de dividendos.