Según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Aníbal Fernández, las audiencias públicas se reanudarán el martes desde las 15. En tanto, desde la Comisión de Justicia y Asuntos Penales adelantaron que el miércoles se buscará dar firma al dictamen, con la intención de que sea debatido en el recinto el miércoles 19 de noviembre.

El proyecto propone un cambio en el sistema procesal penal del inquisitivo actual a uno de tipo acusatorio, en el que los fiscales estarán a cargo de las investigaciones y los jueces deberán garantizar la transparencia del proceso y los derechos de los involucrados en las causas, además de dictar sentencia.

Durante la jornada de hoy, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, señaló "falencias en la cantidad de jueces" y dijo que eso conspira contra la intención de darle oralidad a los procesos ya que se creará un "cuello de botella para dar celeridad".

También señaló que el "criterio de oportunidad" que deberán seguir los fiscales para decidir avanzar con la investigación debería estar circunscripto a los "delitos con penas menores a tres años de prisión".

Por otro lado, señaló que "está bien que la Procuración designe a los fiscales para distribuirlos en las investigaciones", pero manifestó su desacuerdo con "la distribución de las causas discrecionalmente".

Figueroa, como su par de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, coincidieron en que "no se debe tener en cuenta la figura de 'conmoción social del hecho' para dictar prisiones preventivas, sino la gravedad del hecho".

Asimismo, Ledesma sostuvo que la adopción del nuevo Código es "un cambio institucional" en el que "debemos dejar de lado las diferencias individualidades".

Por su parte, Adrián Martín, de la Asociación de Pensamiento Penal, señaló que "dejar de lado la implementación del Juicio por Jurados", cuya instrumentación quedará para una ley posterior, es "perder una oportunidad histórica".