El fiscal pidió la condena para los imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, ex autoridades de la fábrica, y Carlos Franke y Edberto González de la Vega, integrantes de la conducción de Fabricaciones Militares, por "estrago doloso agravado seguido por la muerte de personas", delito para el cual está prevista una condena de entre 8 y 20 años de prisión.

Lozada, quien formuló los alegatos junto al fiscal Guillermo Lega, sostuvo que las pruebas "fueron claras y contundentes" en el sentido de que la explosión respondió a un "acto intencional, planificado y programado".

El fiscal coincidió con el alegato de los abogados querellantes, representantes de las víctimas, al indicar que la explosión tuvo por fin ocultar el "faltante de proyectiles y de municiones que tenía el Ejército a raíz de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia".

Aunque las querellas pidieron 17 años de prisión, ambos alegatos sostienen que la explosión respondió a "un hecho programado, efectuado para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia".

Sin embargo, el expresidente Carlos Menem y el exjefe del Ejército Martín Balza no están en el banquillo de los acusado, ya que fueron sobreseídos y aún resta resolver la apelación. La resolución judicial sigue pendiente más allá de que en junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros exfuncionarios y exdirectivos de Fabricaciones Militares.

En principio, durante la última audiencia, prevista para el 17 de diciembre, a las 9.30, tras concederles a los imputados la última palabra, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, dictará la sentencia.