Mar 16.12.2014

23:36  › DIPUTADOS

El oficialismo se apresta a aprobar la ley Argentina Digital

La norma declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs. Los operadores de telecomunicaciones deberán abrir sus redes para que las pequeñas y medianas empresas y cooperativas puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes jugadores. El Estado tendrá la potestad de regular los contratos de interconexión para mejorar las condiciones de acceso al mercado. A su vez, será el responsable de administrar los recursos acumulados en el fideicomiso del Fondo Universal.

El proyecto había obtenido dictamen en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados el jueves pasado, oportunidad en que la oposición manifestó su rechazó a la iniciativa, que había sido defendida por el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, quien había sostenido que "los cambios incorporados en el Senado mejoraron la neutralidad de la red, que tiene como meta el acceso de todos los argentinos al servicio de Internet para lograr más soberanía y mejorar la economía y la justicia social”.

“El proyecto beneficiará a las cooperativas y pequeñas empresas de telecomunicaciones, que deben pagar altos precios por conectarse a la red de las grandes prestadoras para brindar sus servicios y que ahora pagarán una tarifa accesible fijada por el Estado nacional. Todas las redes serán declaradas de uso público y abiertas para que todos los que hoy tengan una licencia y los que quieran ser licenciatarios en el futuro puedan acceder a ellas”, agregó Berner.

Otro eje está vinculado con el cruce de los servicios audiovisuales y las TICs. La norma habilita a empresas como Cablevisión a ofrecer servicios TICs y a compañías como Telefónica a brindar contenidos audiovisuales. El Poder Ejecutivo fijó nuevas pautas para evitar un posible abuso de posición dominante en uno u otro mercado. Las empresas TICs y las proveedoras de servicios de comunicación audiovisual deberán conformar unidades de negocio separadas, llevar contabilidad diferenciada y facturar por separado las prestaciones, no incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas unidades de negocio.

El órgano rector de la norma será una autoridad federal TICs, integrada por miembros del Poder Ejecutivo, las minorías parlamentarias y un Consejo Federal, que trabajará en representación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gracias a las modificaciones introducidas en el Senado, las pequeñas compañías TICs aparecen mencionadas taxativamente como actores clave para el desarrollo de las economías regionales. A su vez, en relación al concepto de neutralidad de la red, se introdujo un capítulo específico que retoma un dictamen elaborado por la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado.

También se incluyó un capítulo específico vinculado con la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores TICs, en sintonía con el reglamento de calidad del servicio aprobado por la Secom para la telefonía móvil.

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