Las otras condenas fueron: Arturo Álvarez (25 años), Angel Audes (20 años), Jorge Omar Lazarte (18 años), Augusto Montenegro (16 años), Francisco Ledesma (16 años) y Heriberto Albornoz (8 años). El tribunal decidió que los condenados deben cumplir arresto efectivo en el penal de Villa Urquiza para evitar posibles fugas, mientras que dispuso que una junta médica determine si el condenado Audes está en condiciones físicas de ser alojado en ese lugar o sigue con detención domiciliaria.

La fiscalía había solicitado prisión perpetua para Medrano, García y Valenzuela, aunque la lista incluía a Ledesma, Lazarte y Audes. El fiscal Pablo Camuña se mostró conforme con la sentencia, ya que "representa mucho de la gravedad de los ilícitos y toma en cuenta los testimonios de las víctimas que declararon durante el debate y por eso se van contentas con el fallo".

Lilian Reynaga, quien participó del juicio en calidad de víctima-testigo, consideró que "es una sentencia ejemplar" y afirmó: "estoy muy feliz porque se hizo justicia".

Con respecto a la pronunciación del tribunal sobre la situación que vivieron las mujeres dentro del penal de Villa Urquiza valoró el pronunciamiento de los jueces porque "es un aporte conmovedor". "Me sorprendió la posición de los jueces porque esto fija un precedente y deja demostrado que cuando se habla de torturas no se lo hace en términos generales sino desde el abuso y la humillación sexual que sufrimos las mujeres", dijo.

Julia Vitar, querellante de la familia Kofman, sostuvo que "las penas que les dieron a los imputados son importantes y están acordes con los delitos por los cuales estaban acusados en el proceso". "En lo particular, como representante de la familia Kofman, puedo decirles que sus integrantes quedaron más que contentos porque es un caso bastante complicado debido a la dificultad probatoria que teníamos al no encontrar testigos para que presten declaración", indicó.

El juicio, que comenzó a mediados de septiembre, fue el décimo por delitos de lesa humanidad que se celebró en esta provincia, el segundo de la magnitud de un megaproceso (el primero fue "Arsenales II-Jefatura II") y la mayoría de las 39 víctimas fueron funcionarios, militantes justicialistas y sindicalistas.