Los exmilitares acusados en esta causa son Ignacio Verdura, Walter Grosse, Omar Antonio Ferreyra y Horacio Ruben Leites. Escucharán la sentencia con la que se pondrá fin a la etapa oral del proceso que comenzó el 22 de septiembre en Olavarría.

El representante del Ministerio Público Fiscal en este juicio, Walter Romero, pidió la pena de prisión perpetua para Verdura, Grosse y Ferreyra, en tanto que solicitó 25 años para Leites. Por su parte, el abogado César Sivo, a cargo de la querella que impulsa la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, solicitó que se apliquen las mismas penas para los cuatro imputados.

En función de los testimonios de las víctimas y las pruebas que se presentaron durante el debate, los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela, que integran el Tribunal, resolvieron ampliar la acusación sobre los imputados a pedido de la acusación.

Al iniciarse las deliberaciones, que se desarrollaron en la sede que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires posee en Olavarría, sólo Verdura, general retirado del Ejército, estaba acusado por homicidio agravado sobre dos víctimas. El resto de los imputados se encontraban imputados de privación "ilegítima de la libertad y tormentos".

El Tribunal resolvió a mediados de noviembre que Verdura, a cargo del regimiento de Tanques que funcionaba en Olavarría durante la última dictadura cívico militar, sea acusado por seis asesinatos.

Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres y Alfredo Serafín Maccarini son los nombres de las personas asesinadas que figuran en el expediente y que se le imputan a este octogenario militar retirado. Los magistrados decidieron también que Ferreyra y Grosse fueran acusados de los crímenes de Maccarini y Fernández, mientras que Laites mantuvo su imputación original.

"Dimos un gran paso porque acumulamos información y tenemos ahora elementos que podremos utilizar en otras causas", explicó el fiscal Romero a Télam a poco de conocerse la ampliación resuelta por el Tribunal.

En el juicio de Monte Peloni se investigan delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar en ese centro clandestino instalado en la localidad de Sierras Bayas, cercana a Olavarría, y también en La Huerta, en Tandil, y en la Brigada policial de Las Flores. Este circuito represivo estaba enmarcado en el área 1/12/124 que integraba la zona 1, en función del organigrama represivo que el Ejército aplicó en el territorio bonaerense.