En su resolución el juez Ariel Lijo sostiene que "Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo José Domínguez, Aldo Andrés Spicacci Citarella, Miguel Ángel Márquez y Marta Nelida Parascándalo ofrecieron beneficios e incluso hicieron uso de amenazas con el único propósito de obligar" a los entonces policías bonaerenses Bautista Alberto Huici, Diego Enrique Barreda y Claudio Walter Araya "a declarar falsamente en la investigación del atentado a la sede de la AMIA que tramitaba ante el Juzgado a cargo del Dr. Galeano".

En el caso de Domínguez, se lo procesó por haber ofrecido beneficios a Huici cuando como abogado lo representó en la causa penal "a cambio de que declare haber visto" en la Brigada de Investigaciones de Lanús la camioneta Traffic que se usó como cochebomba el 18 de julio de 1994 y causó 85 muertos.

En esa Brigada revestía el entonces comisario Juan José Ribelli, quien fue acusado del atentado y estuvo preso casi diez años hasta que fue absuelto por un Tribunal oral. Los hechos ocurrieron cuando la causa por el atentado tramitaba a cargo del luego destituido juez federal Juan José Galeano, quien ya fue enviado a juicio oral por el pago ilegal de 400.000 dólares al acusado Carlos Telleldín, entre otros delitos.

"Actuaron con el fin de quebrar la libre determinación de aquellas personas que se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad", agregó Lijo sobre los por entonces policías bonaerenses Huici, Barreda y Araya, quienes denunciaron haber sido presionados para involucrar en el atentado a Ribelli. "Corresponde destacar que los implicados, ya sea en su condición de abogados de las personas damnificadas o como auxiliares de la justicia, tenían autonomía suficiente para no apegarse al plan y actuar conforme a derecho, sin embargo actuaron ilegítimamente a fin de conseguir prueba de mérito falsa que permite imputar a Ribelli en el expediente", evaluó Lijo.

"Actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos, ofreciendo beneficios a cambio de las declaraciones pretendidas, pronunciado frases amedrentadoras sin tener un motivo legitimo para hacerlo. Es decir, colaboraron en forma ilegítima con la decisión de direccionar la causa del atentado a la sede de la AMIA en el sentido que había sido dispuesto", se advirtió en el fallo.

Para el juez "el propósito de Dominguez, Vicat, Parascandalo, Spicacci Citarella y Marquez no era otro más que obligar a la víctimas a modificar sus declaraciones para involucrar a Juan José Ribelli en la investigación del atentado".

Lijo recordó que Galeano "cometió distintos ilícitos" por los que ya fue procesado pero destacó que "lo relevante de este caso en particular es que los imputados materializaron en forma autónoma aquella maniobra en tanto se presentaron ante Huici, Barreda y los familiares de Araya -dependiendo en cada caso- a fin de anunciarles el mal que podrían sufrir si no aportaban prueba de mérito que logre sustentar la hipótesis investigativa que había sido dispuesta, ofreciendo beneficios a cambio de dicha declaración"

Por el delito de "peculado" fueron ya enviados a juicio oral Galeano, los exfiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia, el extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros, por el pago ilegal a Tellledín a cambio de declarar contra Ribelli.

Según anunció el Tribunal Oral Federal 2 el debate se haría en el segundo semestre de 2015, aunque el fiscal de la causa, Alberto Nisman, pidió que se adelante.