La expiración de la cláusula Right Uppon future Offers (RUFO) podría allanar el terreno hacia una negociación, pero no garantiza la inminente apertura de un canal de diálogo. El equipo económico exige que cualquier conversación se lleve a cabo con el 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

“Hay una oferta sobre la mesa para sumarse al otro 92,4 por ciento de los tenedores de bonos con un 300 por ciento de beneficio”, explicó Cecilia Nahón, embajadora argentina en Estados Unidos, al referirse a la propuesta realizada a lo largo de los últimos meses por el Gobierno para acordar con los fondos buitres bajo los mismos términos ofrecidos en la reestructuración. “Los buitres están buscando un beneficio exorbitante del 1600 por ciento que no sólo es injusto, sino también pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda”, advirtió la embajadora argentina en Washington entrevistada por el canal de noticias estadounidense CNBC.

En ese sentido, la Organización de Naciones Unidas avanzó ayer en la construcción de un marco regulatorio internacional para conducir los procesos de reestructuración de deuda soberanas. Con una mayoría de 120 votos a favor y sólo 15 en contrario, la Asamblea General de la ONU aprobó el financiamiento del comité encargado de la redacción del texto que facilitará a los países negociar con sus acreedores en situaciones de tensión financiera.

A comienzos de febrero el comité comenzará los trabajos de redacción y, según informó Cancillería, Argentina presentará su propia propuesta. El texto que llevará el Gobierno ya fue elaborado por los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores. Posiblemente el documento consensuado será sometido a consideración del pleno del organismo internacional durante el segundo semestre del año. Ese mecanismo no ofrece un remedio directo para la situación argentina, pero limitaría el margen de maniobra de fondos especulativos que compran deuda de países al borde de una crisis financiera a precio de remate con el objetivo de litigar en cortes extranjeras y reclamar la totalidad de sus acreencias. “Viene a llenar un vacío ante la ausencia de proyectos concretos y operativos de los máximos organismos financieros internacionales, quienes continúan dilatando una solución que promueva el desarrollo como prioridad para paliar la actual crisis internacional”, expresaron desde el Palacio San Martín.

“Los países miembro de la ONU reunidos en la Asamblea General demostraron la firme voluntad política de avanzar hacia la creación de una nueva arquitectura financiera internacional que privilegie los valores del crecimiento, la inclusión social y el desarrollo de los pueblos, en lugar de la usura y la especulación”, expresó la Cancillería a través de un comunicado.

El paso dado por la ONU culminó el proceso de debate y aprobación iniciado a comienzos de septiembre cuando la Asamblea General aprobó la iniciativa de Argentina impulsada por el G-77 más China que proponía discutir y crear el instrumento legal para regular las reestructuraciones. En ese momento la propuesta recogió 124 votos a favor, 41 abstenciones y apenas 11 votos en contra.

Entre quienes se opusieron figuran los principales centros financieros del mundo como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Canadá. Esos países rechazan la creación de un mecanismo supranacional, pero impulsan junto con los representantes del sector privado cambios en los futuros contratos incorporando cláusulas de acción colectiva que permitan extender al conjunto de los acreedores lo decidido por una mayoría a definir y explicitando mejor lo que se entiende por pari passu (tratamiento igualitario) para evitar interpretaciones pro buitres como la de Griesa.