El inicio del nuevo proceso al dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt tuvo características curiosas, no sólo por las demoras con las que se abrió la jornada, sino porque el exmilitar llegó en ambulancia al tribunal, acompañado por su hija, la exdiputada Zury Ríos, quien se encuentra en plena campaña de cara a los comicios generales de septiembre próximo.

Ríos Montt -que gobernó desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983- llegó al edificio con el rostro cubierto por una sábana y permaneció en la sala acostado en la camilla, aunque durante la breve audiencia de la jornada se descubrió el rostro.

El reinicio del juicio estaba programado para primera hora de la mañana, pero dos hechos demoraron el comienzo: primero, porque la Cámara de Amparos y Antejuicios entregó con retraso el expediente original del caso y, después, por la no comparecencia de Ríos Montt, quien había presentado varios certificados médicos.

Quien sí estaba a la hora pactada para el inicio del juicio fue el otro acusado en el mismo proceso, el también general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia del gobierno de facto, quien llegó en silla de ruedas y confiado en que podrá “salir de esta humillación, de este circo que han montado las ONGs que viven del conflicto y la presión internacional".

Los abogados de Ríos Montt habían presentado una excusa médica para justificar la ausencia del militar en la primera audiencia del juicio, pero fue rechazada por Valdez.

En el primer juicio celebrado en 2013, Ríos Montt, acusado al igual que Rodríguez Sánchez, del asesinato de 1771 indígenas ixiles, en el departamento de Quiché, fue condenado a 80 años de prisión, mientras el exjefe de inteligencia fue absuelto, pero por errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló el fallo y ordenó un nuevo debate oral y público.

El director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), Juan Francisco Soto, adelantó que el organismo presentará en el debate más de 800 pruebas entre planes militares, informes, peritajes y el testimonio de 120 sobrevivientes y familiares de víctimas de las matanzas atribuidas al régimen de Ríos Montt. "Si ya se probó una vez, el delito de genocidio se volverá a probar; las pruebas son contundentes", aseguró Soto, quien lamentó que tres de los testigos que brindaron su testimonio en el primer juicio fallecieron de causas naturales.

El dirigente expresó su deseo de que con la repetición del debate “el sistema de justicia guatemalteco demuestre que es capaz de juzgar estos graves crímenes de lesa humanidad y que se le pueda dar justicia a las víctimas luego de más de 33 años".

En la jornada hubo también un pedido de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación para que el juicio se realizara en la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia, porque cientos de personas que viajaron desde Quiché no lograban ingresar en la sala de la judicatura, ubicada en piso 15 de la Torre de Tribunales.

Ríos Montt llegó al poder con el golpe de estado del 23 de marzo de 1982 y aplicó la que se dio en llamar política de "tierra arrasada" sobre las comunidades indígenas a las que consideró apoyo de la guerrilla que actuaba en el país. En agosto de 1983 fue derrocado por su entonces ministro de Defensa, Oscar Mejía Víctores, y seis años más tarde fundó el derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que llegó a la presidencia en 2000 con Alfonso Portillo, ahora preso.

Ríos Montt fue tres veces diputado -hasta 2012- y ya desde 2001 está formalmente acusado ante la justicia por el genocidio de los mayas ixiles, aunque la inmunidad parlamentaria impedía accionar en su contra. Terminado su mandato, en enero del 2012, se reactivó el proceso y quedó bajo arresto domiciliario hasta el inicio del juicio. En el medio, la justicia rechazó un pedido para que su accionar quedara bajo el amparo de la Ley de Amnistía de 1986, porque esa norma no se puede aplicar para casos de genocidio.